El objetivo del Programa de Extensión de la Banda Ancha en Zonas Rurales y Aisladas era conseguir antes de 2008 la disponibilidad de banda ancha en las zonas rurales y aisladas del territorio español en unas condiciones técnicas y económicas similares a las existentes en las zonas urbanas. A falta de unos meses para que termine el año este objetivo no se ha cumplido y en el campo siguen conectándose muchos pueblos con señales de humo.
Han pasado ya varios años, desde que la Unión Europea otorgó a España, una considerable inyección económica para adaptar nuestro entorno urbano y rural a las nuevas tecnologías y de momento de poco ha servido. Por este motivo España podría ser multada por «déficit» de banda ancha.
La nueva Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) contempla que la banda ancha sea un derecho universal, y cualquier ciudadano independientemente de donde se encuentre ubicado en España, tenga una conexión de banda ancha si así lo desea pero muchos ciudadanos de momento no tienen acceso a Internet, y los que se encuentran en el campo y sólo disponen de ADSL rural pagan un precio excesivo (39,90 euros) por una conexión de 512 kbps que es insuficiente.
Alemania desplegará WiMAX ofreciendo 6 megas donde llega el ADSL
Otros países europeos como es el caso de Alemania nos dan una auténtica lección en cuanto a banda ancha rural. Actualmente, están desplegando la primera red comercial WiMAX 802.16e que permitirá a los hogares del país que no tienen cobertura con ADSL o cable acceder a Internet a una velocidad de 6 megas.
La ley de Internet evita concretar el derecho a un acceso de banda ancha
Según recoge El País, continua la polémica en torno a la nueva (LISI). Primero fue por las potestades para cerrar páginas web. Y ahora viene a propósito de la necesidad de un Internet de calidad para todos. La práctica totalidad de los grupos parlamentarios estaba de acuerdo en incluir el acceso a Internet por banda ancha como parte del servicio universal al que tienen derecho todos los ciudadanos. El PSOE, recogiendo aparentemente esa voluntad, ha presentado a última hora una enmienda transaccional en la que recoge el derecho a la banda ancha “pero en los términos y calidades definidos por la normativa comunitaria para el servicio universal”
El problema es que la normativa europea en vigor a la que se refiere la enmienda –directiva 2002/22/CE- no especifica qué entiende por banda ancha, y deja en manos de los Estados su definición y regulación. De esta forma, en la práctica, la enmienda socialista, que se discutirá mañana en el Parlamento, desactiva cualquier obligación del Estado de proporcionar banda ancha con garantías mínimas de velocidad y calidad.