La Coalición de Creadores apoya la propuesta de penas de cárcel para las webs de enlaces

El grupo de presión de la industria cultural en España, la denominada Coalición de Creadores, ha expresado su satisfacción por la reciente propuesta de la Fiscalía para que se castigue a los responsables de webs de enlaces con hasta dos años de prisión por vulnerar la propiedad intelectual.

Después de mucho tiempo en la sombra, alejada de la actualidad, la Coalición de Creadores vuelve a lanzar un mensaje público. En el mismo no duda en «aplaudir» la iniciativa de la Fiscalía General del Estado de la que nos hicimos eco hace unos días, con la que proponía «tipificar como delito los enlaces sin autorización a contenidos protegidos» y así castigar con penas de prisión estas prácticas en Internet.

En su último comunicado «valora y apoya dicha propuesta» para enfrentarse a lo que considera «conductas ilícitas que, aprovechando la evolución tecnológica, están generando graves perjuicios a los titulares de los derechos de propiedad intelectual«. En concreto, afirma que es «especialmente preocupante la actividad de las páginas de enlaces a contenidos protegidos que por culpa de deficiencias regulatorias no pueden ser perseguidas por el momento a pesar de propiciar y facilitar la ejecución de conductas tipificadas en el Código Penal».

La Coalición, que agrupa desde entidades como SGAE o EGEDA a industrias como la discográfica o de los videojuegos en nuestro país, insiste en que la falta de acciones contundentes contra este tipo de webs ha provocado una situación «inquietante para el sector». Para ello recuerda que según sus datos, «en 2012 la tasa de piratería alcanzó en España el 86%, con más de 3.050 millones de descargas ocasionando al sector un lucro cesante de 1.221 millones de euros».

Asimismo, desde la Coalición se mostró el apoyo la otra propuesta de la Fiscalía para la reforma de la Ley 25/2007 de conservación de datos de cara a que los órganos encargados de actuar en defensa de los derechos de autor como la propia Fiscalía o la denominada Comisión Sinde puedan solicitar a los operadores los datos que consideren necesarios sin autorización judical. «Esta sugerencia debe valorarse de modo muy positivo, puesto que dicha modificación vendría a reparar una situación absolutamente anómala existente en nuestro país», indica el comunicado.

¿Atenderá el Gobierno a la petición de este lobby? ¿Endurecerá la ley antidescargas en los próximos meses para intentar acabar con las webs de enlaces? Son las preguntas que quedan en el aire mientras echamos la vista atrás y recordamos aquella promesa incumplida por la Coalición, cuando hace ya tres años aseguró que lanzaría «centenares de webs legales» como alternativa al P2P tras la aprobación de la Ley Sinde.