El Supremo anula la multa de 120 millones impuesta a Movistar, Vodafone y Orange

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El pasado mes de septiembre se daba a conocer la anulación de 120 millones de euros de multa a los grandes operadores de nuestro país; pero entonces la sentencia era de la Audiencia Nacional. Ahora, la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la misma. Una multa que, por cierto, fue impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en diciembre del año 2012, y que afectaba a Vodafone, Orange y Telefónica.

Los tres grandes operadores nacionales no tendrán que pagar los 120 millones de euros de multa; así lo sentenciaba la Audiencia Nacional en septiembre, y lo confirma el Tribunal Supremo. Pero esa era la intención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuando, el 19 de diciembre de 2012, impuso esta multa a Telefónica, Orange y Vodafone por abusar de su posición dominante. La consideración del regulador del mercado estaba apoyada en un excesivo cobro para los mensajes de tipo SMS y MMS, que a estas alturas son gratis y de manera ilimitada con prácticamente todos los operadores y sus tarifas.

No, los tres grandes operadores españoles no tendrán que pagar la multa de 120 millones de euros impuesta por la CNMC en 2012

Telefónica habría que tenido que pagar 46,4 millones; Vodafone 43,5 millones y Orange –France Telecom- otros 29,9 millones. El Tribunal Supremo ha desestimado todos los recursos de la Abogacía del Estado en tres sentencias, después que la Audiencia Nacional anulase las sanciones en septiembre del pasado año. Una vez más, el Tribunal Supremo señala que ‘los datos e informes en que se funda la resolución administrativa son insuficientes, así como incoherentes con otros datos e informes, y se funda en apreciaciones no constantadas con datos objetivos’. Las sentencias del Tribunal Supremo consideran incoherencias y un déficit de motivación para delimitar los mercados y la posición de dominio individual de las sancionadas.

El Tribunal Supremo desestima también una posible infracción de la jurisprudencia por parte de la Audiencia Nacional. En definitiva, no existe una base suficiente y fiable, o una correspondencia lógica entre la decisión obtenida y los datos en que se sustenta la misma. Por eso, se anula la decisión del organismo regulador de la competencia.
Escrito por Carlos González

Fuente > eleconomista