Telefónica, Vodafone y Orange pagarán el coste del ADSL incluido en el servicio universal

Según un anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que se ha publicado hoy en el BOE, las tres grandes operadoras del país estarán obligadas a pagar el coste de la banda ancha de un mega como parte del servicio universal desde el año 2012. Este coste recoge la obligación de los operadores de sufragar el coste de dar el servicio a zonas que no serían rentables por estar poco pobladas o tener un difícil acceso.

El Gobierno pareció tomarse en serio el objetivo de la Agenda Digital de garantizar de una vez por todas la posibilidad de contratar Internet con velocidad de 1 mega en cualquier punto del territorio nacional. De hecho, esta meta se amplió a los 10 Mbps para el año 2017 y gracias al despliegue de nuevas redes de fibra óptica y cable, se pretende compensar el apagón paulatino de centrales de ADSL sin que ello merme la cobertura ofrecida a los clientes.

El servicio universal recoge un grupo de servicios ofrecidos a los usuarios de telecomunicaciones con el que se garantiza que se puedan prestar los mismos con un mínimo de calidad exigida, un precio asequible para el cliente y sin importar la ubicación del mismo. Desde el pasado año 2012, el servicio de Internet de banda ancha ha sido incluido dentro del servicio universal  y en dicho año Telefónica se encargó de prestarlo dada su capacidad y de infraestructuras.

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Telefónica costeará la mayor parte del servicio

El coste de dicho servicio se reparte entre Telefónica, Vodafone y Orange (operadoras con redes propias) y hoy se ha establecido la legalización del reparto del propio año 2012, que tendrá que ser afrontado por las compañías de telecomunicaciones mencionadas. Así pues, Telefónica tendrá que costear 7,6 millones de euros más otros 6,02 millones correspondientes a Telefónica móviles. Por parte de la operadora Vodafone se tendrán que aportar 4,2 millones de euros, y Orange queda designada como responsable de pagar 3,49 millones. En total 21,4 millones de euros en su cómputo anual, que deberán pagarse dentro del mes siguiente a recibir la notificación del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El regulador ha estimado en 22,3 millones de euros el coste de prestar el servicio universal en las zonas no rentables, como son los parajes rurales, zonas con escasa densidad poblacional o áreas de difícil acceso debido a las características del territorio en cuestión.

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