Piden que se declare inconstitucional la nueva Ley General de Telecomunicaciones
FACUA Castilla y León se ha unido a la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (Peccem) para solicitar a la Defensora del Pueblo el recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones motivado por, según ellos, «no respetar el principio de precaución, además de anteponer el negocio de los operadores a la salud de los ciudadanos».
Según ha informado FACUA – Consumidores en Acción, que persigue la defensa de los derechos de los consumidores, la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, con fecha 9 de mayo, no respeta el principio de precaución y elude las medidas en este campo. No obstante, señalan además que supone la anteposición del negocio de los operadores y la búsqueda del lucro económico en contra de la salud de los ciudadanos, por quienes la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (Peccem) ha pedido a la Defensora del Pueblo la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional con la clara intención de declarar esta ley como inconstitucional.
FACUA se une a la Peccem para recurrir la Ley General de Telecomunicaciones
La ONG FACUA – Consumidores en Acción, perteneciente a la Peccem, ha querido hacer saber a los consumidores que la unión que les vincula les ha llevado a presentar, de forma conjunta, un escrito para la solicitud del recurso. En él, aclaran que la ley ha sido aprobada «para facilitar a los operadores la prestación de servicios» sin contemplar «la adopción de medidas para garantizar el derecho a la salud y el cuidado del medio ambiente por parte de los poderes públicos», lo cual es contemplado por la Constitución y, por lo tanto, justifica la solicitud del recurso.
En este texto, de forma reiterada, se incide sobre las carencias en la previsión llevada a cabo por el parlamento español, el cual «ha aprobado la ley sin contemplar los niveles de emisiones de ondas electromagnéticas y las posibles consecuencias que se pueden derivar de los mismos» Además, en su texto, también han querido dejar patente de cara a la Defensora del Pueblo, de quien persiguen la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, que «la ley impide la regulación y control de la exposición a campos electromagnéticos que pueden suponer consecuencias negativas sobre la salud de los ciudadanos». Del mismo modo, «tampoco prevé evitar, así como no prevé la reparación o compensación» sobre los potenciales daños que se podrían causar sobre los ciudadanos», y concluye la Peccem, según los argumentos anteriores, sentenciando que lo recogido por la ley es «vago e impreciso».
