Reino Unido aprobará con urgencia una Ley para poder acceder a las llamadas y conexiones de internet de los ciudadanos

El Gobierno británico quiere aprobar de urgencia una legislación para que la policía y los servicios de seguridad pueden asegurarse el acceso a los datos sobre comunicaciones telefónicas y conexiones de Internet de los ciudadanos. Como suele ser habitual, la “excusa” del primer ministro, David Cameron, es la lucha contra criminales y terroristas.

Preocupante Ley la que quiere aprobar el Gobierno británico que ha movilizado a los principales grupos de defensa de los derechos civiles, quienes han asegurado que “esto causa un daño sin precedentes al derecho a la privacidad”. David Cameron quiere asegurar el acceso de sus cuerpos de seguridad a las llamadas y a las conexiones a Internet que realicen sus ciudadanos. La Ley será votada en el Parlamento el próximo lunes y cuenta con el apoyo de varios grupos políticos además de la coalición que gobierna el país en estos momentos.

David-CameronAlmacenar los datos durante un año

La nueva Ley obligará a las operadoras de telefonía a almacenar los datos de los usuarios durante un año. Pese a que esto era obligatorio hasta ahora, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo prohibió el pasado mes de abril. Las operadoras guardaban la hora y el destino de las llamadas, los mensajes de texto y los correos electrónicos, aunque no el contenido de los mismos.

Para David Cameron, la sentencia europea limitaba el trabajo de la policía y las agencias de seguridad, por lo que presionarán al máximo para recuperar estas competencias. Ha aclarado que solo busca restaurar lo que ya existía para poder continuar con las investigaciones en curso y que, en ningún momento, dará nuevos poderes para acceder a los datos personales de sus ciudadanos.

La Unión Europea podría volver a anularla

El Tribunal de Justicia europeo anuló la directiva comunitaria aprobada en 2006 y que permitía guardar datos personales. Argumentaba que suponía “una injerencia de gran magnitud y especial gravedad en los derechos fundamentales” y que no se limitaba “a lo estrictamente necesario”. La directiva había sido aprobada después de los atentados de 2004 en Madrid y 2005 en Londres para poder rastrear las amenazas terroristas.