La UE deja en entredicho la legitimidad de las leyes antipiratería como la Ley Sinde

El llamado ACTA (Acuerdo Comercial Antifalsificación) ha encontrado en Europa un obstáculo que difícilmente podrá salvar. Desde el Parlamento Europeo se considera que las leyes antipiratería no son el camino para proteger los derechos de autor, lo que deja en entredicho normas como la Ley Sinde-Wert.

"Aunque apoyamos sin ambigüedad la protección de los derechos de propiedad intelectual, también defendemos los derechos y libertades fundamentales". Con estas palabras mostró su oposición al ACTA Guy Verhofstadt, líder del grupo liberal del Parlamento Europeo. Se trata de unas declaraciones que ejemplifican el rechazo desde las instituciones comunitarias a un polémico tratado que busca el pacto mundial para evitar la falsificación de productos y luchar contra las webs que infringen los derechos de autor.

Aunque el tratado fue firmado por 22 de los 27 estados miembros de la Unión Europeo -entre ellos España-, la presión de la opinión pública ha frenado la aprobación por parte de la Comisión Europea. La comisaria de Tecnología y Telecomunicaciones, Neelie Kroes, apuntó recientemente que "estamos en un mundo sin SOPA (la ley antipiratería estadounidense que fue rechazada) ni ACTA" y que así seguirá siendo. No en vano, la UE ya pidió que se examinase la legitimidad del ACTA ante la potestad que se daba a compañías para espiar a internautas por si se descargaban material con derechos de autor.

Esta misma semana el Ejecutivo comunitario tiene intención de ofrecer nuevas normas para articular el pago justo a los autores a la par que se reforme el régimen de propiedad intelectual. En cambio, a tenor de este rechazo manifiesto, su plan no pasa por impulsar normas que tomen como modelo lo expuesto en ACTA y otas legislaciones que han sido aprobadas por algunos gobiernos de la propia UE como Francia o España.

Si efectivamente la UE quiere impulsar un modelo que respete los derechos y las libertades fundamentales, la Ley Sinde-Wert no puede ser el espejo en el que mirarse. A pesar de unas intenciones comprensibles, el plan articulado en la norma que aprobaron PSOE, PP y CiU no respeta la tutela judicial efectiva y por ello ha sido impugnada en el Tribunal Supremo. Quienes rechazan esta norma podrían acabar por llevarla ante los tribunales europeos con el fin de derogarla si no es el propio Gobierno quien rectifica antes de esto y lanza una nueva legislación que respete los derechos de todos.

Así pues, desde Europa se sigue restando legitimidad a un tipo de leyes antipiratería muy criticadas por los internautas e incluso por algunos creadores, que ven cómo los gobiernos se pliegan a los intereses de la poderosa industria del entretenimiento. ¿Hara oídos sordos el Gobierno al mensaje lanzado por el Ejecutivo europeo?