Los ayuntamientos que quieren ofrecer WiFi gratis, en el punto de mira de los operadores

Los operadores de telecomunicaciones refuerzan su particular cruzada contra las instituciones públicas que quieren ofrecer acceso a Internet a sus ciudadanos con conexiones WiFi gratis. Ante las próximas elecciones, su patronal, Redtel, ha elaborado un documento en el que se presiona a los grupos políticos para que «se piensen bien» qué ofrecer durante la campaña electoral.

El diario Público informa de la entrega de este documento por parte de la asociación que engloba a los principales operadores del país (Movistar, Vodafone, Orange y Ono) y en el que se recuerda que realizan «el 75% de la inversión total del sector», que equivaldría a «7.082 millones de euros en redes entre 2008 y 2009».

En el texto habría advertencias «a los responsables de las corporaciones locales y autonómicas» que pretendan desarrollar la Sociedad de la Información. Redtel pretende que las instituciones no utilicen «el privilegio de recurrir a financiación pública en condiciones discriminatorias» pero que sí adopten «un papel de «facilitador de la inversión privada con la disminución de normas y del coste de las obligaciones administrativas».

En la actualidad, y según los cálculos realizados por el propio medio, alrededor de 7,5 millones de ciudadanos españoles pueden beneficiarse del acceso a Internet que facilitan los 347 consistorios que tienen licencia de operador de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Las próximas elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo se presentan como una oportunidad perfecta para que las formaciones políticas incluyan en su programa este acceso a Internet para sus ciudadanos.

No obstante, desde Redtel se insiste en el mal resultado de estas inversiones por parte de los ayuntamientos.»La ausencia de demanda real por parte de los usuarios, la incapacidad de establecer modelos de negocio viables y la competencia de otros agentes son las principales causas de la paralización y fracaso de los proyectos de redes públicas«, señalan citando como ejemplo de de un Ayuntamiento en Lugo que vio paralizado su proyecto.

En la actualidad la normativa limita las conexiones públicas a una velocidad de 256 Kbps y a pesar de no ser una gran velocidad que pueda comprometer el negocio de las telecos sí es útil para servicios básicos en la Red como la consulta del correo, redes sociales o aplicaciones de mensajería.