Las pérdidas por culpa de la «piratería» en el sector del vídeo han supuesto un total de 500 millones a las arcas del Gobierno en el último año. Así lo ha afirmado José Luis Carrera, presidente de la Asociación Española de Empresas de Vídeo (AEVIDEO), antes de entregar en el Congreso 40.000 firmas para protestar por la «excesiva lentitud» en la tramitación de la Ley Sinde.
Según Carrera, las pérdidas suponen las cantidades que las administraciones públicas tendrían que haber percibido por el IRPF de los trabajadores, impuestos de sociedades de las empresas e impuestos de seguridad social. Además, cifró en 15.000 millones de euros las pérdidas de la Administración en los últimos cuatro años por la «piratería» en todo el sector audiovisual.
Carreras cree que la Ley de Economía Sostenible supondría un paso adelante muy importante en la lucha contra la piratería pero se quejó de la tardanza en aprobarla desde el Gobierno. Por ello presentó 40.000 firmas que piden que se acelere su tramitación en un burro como «metáfora» de la lentitud del Ejecutivo en este proceso. «Estamos muy cansados, llevamos varios años hablando con todo el mundo y tenemos la impresión de que nos están tomando el pelo«, apuntó.
Y es que a la Ley de Economía Sostenible aún le faltan unos meses para que arranque. La finalización de su proceso parlamentarío podría alargarse hasta después del verano. Según Carreras, el Gobierno «tiene miedo» de aprobar una medida que ya ha sido criticada y que sería «muy impopular».
Las críticas del sector del vídeo coinciden casi en el tiempo con las que mostraron los representantes del sector del libro, que urgían al Gobierno a acabar con el «saqueo» que suponen las descargas a su sector. La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, aseguró que no se iban a «alargar los plazos para la aprobación de la ley», pero parece que sus palabras no convencen ni siquiera a la industria cultural, gran beneficiaria de la futura ley.