La ministra Sinde considera urgente sacar adelante la Ley Antidescargas

La ministra Sinde considera urgente sacar adelante la Ley Antidescargas

Redacción

"No vamos a bajar la guardia ni hacer que los plazos se alarguen". Así de firme se mostró la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde ante la cercana tramitación de la futura Ley de Economía Sostenible en el Congreso. La ministra aseguró que la ley que prevé el cierre de páginas web "sigue el ritmo esperado" dado que es "urgente e importante" aprobarla por el interés de "todos".

Apenas horas después de conocerse el cierre de las páginas Espalwii, Espalpsp, Espalnds y Espalzone, cuatro portales y foros especializados en videojuegos, así como las detenciones de sus respectivos webmasters, la ley que hará de esta excepción una regla parece más cercana. A pesar de que la Mesa del Congreso aplazó hasta el próximo 8 de junio la presentación de enmiendas a la ley, la idea del Gobierno es someter el dictamen a votación ante el Pleno en una de las sesiones extraordinarias programadas para el mes de julio.

Sin embargo, la decisión del Gobierno de fijar el Debate del Estado de la Nación en las semanas del 14 y el 21 de julio puede trastocar esta agenda e incluso acelerarla, lo que sería más que comprensible por la "urgencia" que parece tener su aprobación para la ministra. Tras su aprobación, la norma arrancaría su trámite en la Cámara Alta en otoño y su entrada en vigor se retrasaría hasta finales de 2010 o incluso a principios del año próximo.

La ministra, junto al ministro de Industria, Miguel Sebastián, mostraron su "preocupación" por las supuestas pérdidas de la industria cultural, que aseguraba en un informe que las pérdidas por productos culturales rondan los 1.000 millones de euros mensuales.

Según Sebastián, la Ley de Economía Sostenible es "compleja" y está convencido de que en ella se recoge "perfectamente el enfoque del Gobierno español para terminar con la piratería y sobre todo con las páginas de descargas ilegales", señaló. Poco parece coincidir el punto de vista del Ejecutivo con el de varios jueces estatales, que podrían ver minimizadas sus funciones con la entrada en vigor de una ley cuyos objetivos parecen más cercanos a los intereses de la industria cultural que a los derechos de los usuarios.