El Gobierno quiere acabar con el spam telefónico con una medida que ya existe y no se cumple

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunciaba hace unas horas la implantación de un sistema de control telefónico para que los ciudadanos puedan rechazar las ofertas comerciales que reciben a través del teléfono. El problema es que su propuesta ya es una obligación legal que no se está cumpliendo.

El spam telefónico sigue teniendo vía libre en España. Las compañías de telecomunicaciones especialmente continúan realizando llamadas a los usuarios de forma constante sin que cumplan con la actual Ley de Competencia Desleal. Sin embargo, esto no ha impedido que Mato anuncie a bombo y platillo en el Senado que propondrá a estas empresas que habiliten un sistema para que en la misma llamada comercial permitan que los consumidores rechacen futuras llamadas de este tipo.

Una vez conocida su propuesta, la organización FACUA-Consumidores en Acción ha advertido que la iniciativa ya existe en la actual legislación española. En concreto, en el artículo 29.2 de la Ley 3/1991 de 10 de enero, se señala que es «desleal realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia».

Además, se obliga por ley a que «empresarios o profesionales utilicen en estas comunicaciones sistemas que permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo sus propuestas comerciales». Igualmente se indica que «las llamadas deberán realizarse desde un número de teléfono identificable para que el consumidor pueda ejercer su derecho a manifestar su oposición a recibir propuestas comerciales no deseadas».

Desde la organización de consumidores se recuerda que el problema no es que no exista legislación contra el spam telefónico, sino que el propio Gobierno no ha puesto de su parte para que se cumpla la ley. Para ello solicita al Ejecutivo que «aplique la ley de una vez e imponga sanciones contundentes» a través de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a las compañías que realicen este tipo de llamadas no deseadas y no permita al usuario darse de baja de las mismas.

Veremos hasta qué punto este compromiso gubernamental cae en saco roto o si efectivamente existe disposición para acabar con estos abusos. Por desgracia no son los únicos que provienen de un sector, el de las telecos, que encabeza las listas de reclamaciones de los usuarios debido a prácticas abusivas.