El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública va a exigir a las compañías que ofrecen servicios de telefonía y de Internet unos precios más asequibles para los colectivos que cumplan con una serie de condiciones. El objetivo es el de facilitar el acceso a este servicio, incluso a las personas que tienen pocos recursos. Te contamos todos los detalles.
El Gobierno sigue diseñando medidas de protección para los colectivos vulnerables. Una de las últimas que está preparando, y a las que ha tenido acceso El País durante la mañana de hoy, tendrá un impacto directo en el precio que pagamos por los servicios de conectividad. Concretamente, el Ejecutivo va a establecer la obligatoriedad a las operadoras de establecer una bonificación mínima y obligatoria de un 25% a las empresas de telecomunicaciones para los ciudadanos con rentas bajas.
Con esta medida, se diseña un nuevo Servicio universal de Telecomunicaciones, cuya entrada en vigor está planificada durante el próximo 2027. El objetivo es el de continuar ofreciendo medidas a las familias que son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital y que no pueden acceder a servicios que son considerados como básicos por su renta. En total, se estima que una vez entre en vigor este nuevo marco legal, la medida podrá beneficiar a cerca de 800.000 hogares, según datos de la misma fuente mencionada.
Todos los operadores estarán obligados
Uno de los cambios más relevantes con respecto a las versiones anteriores de este marco legal es que la normativa impone este descuento del 25% a todos los operadores, no únicamente a Telefónica, como ocurría hasta ahora. Este cambio estructural supone un importante punto de inflexión, puesto que todas las compañías de telecomunicaciones tendrán que ofrecer acceso a Internet y servicio de telefonía fijo con unas condiciones más favorables a las que dicta el mercado.
De este modo, los usuarios ahora tendrán una mayor libertad para elegir el operador que mejor se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, podrán escoger aquel que tenga una mejor cobertura en el código postal en cuestión. Una capacidad de decisión que hasta este momento no estaba presente.
La CNMC será el organismo encargado de supervisar que todos los operadores tengan sus propias tarifas bonificadas y que, además, respetan el descuento al que están obligadas. De este modo, se busca garantizar el acceso a este servicio con absoluta transparencia.
De momento, no se han conocido más datos sobre los planes que tienen las compañías al respecto. Lo que está claro es que las operadoras deberán analizar al detalle todas sus tarifas con el objetivo de poder ofrecer a sus usuarios las condiciones que va a definir el nuevo marco legal.
Una vez las compañías diseñen todas las nuevas tarifas que deberán preparar para los colectivos vulnerables, los usuarios que cumplan con las condiciones podrán acceder a estas tarifas y disfrutar de la conexión a Internet a un precio mucho más reducido.
Subirá la velocidad mínima de la conexión
La nueva bonificación no ha sido la única novedad sobre la que está trabajando el Ejecutivo. Además, el nuevo marco legal llega con una importante novedad: el incremento de la calidad mínima de acceso a Internet. Una vez entre en vigor, se pasará de los actuales 10 Mbps hasta alcanzar un mínimo de 100 Mbps, mucho más adaptado a las necesidades actuales de la red.
Uno de los motivos que han llevado al departamento de Óscar López a tomar esta decisión, ha sido el despliegue de fibra óptica y de redes 5G a lo largo de todo el territorio, así como a la mejora de las redes satelitales que se están llevando a cabo durante los últimos meses y que permiten acceder a una conexión mucho más rápida.
Como hemos podido comprobar, el Ejecutivo continúa trabajando en democratizar el acceso a la red. Ahora, solo queda saber cómo quedarán los catálogos de las principales compañías, que tendrán la oportunidad de diseñar tarifas específicamente creadas para cubrir las necesidades de los colectivos vulnerables, respetando todas las condiciones impuestas por parte del Gobierno de España.
Como ya hemos informado en el presente artículo, esta medida no estará vigente hasta, al menos, el próximo 2027. De momento, queda por ver cuál es la decisión final que toman al respecto y cuál va a ser la forma definitiva con la que esperan ayudar a los colectivos vulnerables, siendo uno de los grandes focos de atención que se ha marcado este Gobierno en la presente legislatura.