El apagón general que sufrió España el 28 de abril de 2025 evidenció que las operadoras no contaban con un plan de emergencia para garantizar la conectividad. Ese problema dejó incomunicados a millones de españoles durante horas y el Gobierno planea evitarlo en caso de una posible interrupción eléctrica. En un comunicado oficial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, explican que obligarán a las empresas de telecomunicaciones a mantener la cobertura de la red móvil durante al menos 4 horas al 85% de la población si ocurre un nuevo apagón.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado esta mañana el borrador del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas e Infraestructuras Digitales, para someterlo a audiencia pública. Su objetivo es establecer medidas en el sector de las telecomunicaciones para «evitar o reducir al mínimo el impacto de los incidentes de seguridad en los usuarios y recuperar las comunicaciones lo antes posible» en situaciones de emergencia.
En los últimos años, los españoles hemos sido testigos de cómo la red móvil fallaba en momentos clave, como la pandemia del COVID-19, la erupción volcánica de La Palma, la DANA en la Comunidad Valenciana en 2024, o el apagón eléctrico de abril. Con el nuevo proyecto de ley, las operadoras deberán elaborar un plan para garantizar que siga habiendo cobertura, aunque la electricidad caiga.
Las telecos deberán presentar un Plan General de Seguridad
Si el real decreto saliese adelante, los operadores de telecomunicaciones en España deberán asegurarse de brindar conexión móvil, incluso si hay otro apagón. No todas deberán hacerlo, sino las que tengan más de medio millón de usuarios o que sus ingresos superen los 50 millones de euros. Las empresas afectadas deberán presentar un Plan General de Seguridad. En él, deberán analizar los riesgos y medidas prioritarias, planes específicos por tipo de red y servicio, y por tipo de incidente.
Las operadoras podrán elegir a qué dan prioridad
«Cada operador de telecomunicaciones clasificará todas sus instalaciones en distintas categorías -informa el Gobierno-. En el caso de que haya una interrupción de suministro eléctrico, las infraestructuras de primer nivel deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas. Las instalaciones clasificadas de nivel intermedio deberán ser operativas durante al menos 12 horas. El resto deberá tener garantizada la operatividad durante cuatro horas».
Las redes móviles entrarían en el último grupo, por lo que el Gobierno obligaría a que las empresas mantuviesen la cobertura al 85% de la población durante cuatro horas. Aunque el Gobierno fije ciertos criterios, cada operador deberá establecer su propia estrategia y priorizar unas tecnologías sobre otras si lo considera oportuno.
Todavía es un borrador y no ha entrado en vigor
Lo que el Ministerio para la Transformación Digital ha publicado hoy es un borrador que se somete a audiencia pública. Por lo tanto, todavía no es un hecho que se vaya a convertir en ley, sino que va camino de ello. Es decir, podría terminar echándose para atrás y no hacerse efectiva.
Que un borrador se someta a audiencia pública quiere decir que se abre un proceso de participación ciudadana en la que el Gobierno estará atento a las opiniones, comentarios y alegaciones de las entidades afectas y del público en general. Dependiendo de las valoraciones podría o no salir adelante. Además, también sería posible que se cambiasen algunos aspectos de la propuesta de ley.
La audiencia estará abierta hasta el 8 de enero de 2026. De continuar con el proyecto de ley, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales sería la encargada de supervisar que las telecos cumplen con las obligaciones y la coordinación con organismos nacionales, CCAA y con entidades europeas e internacionales. Además, se valora la creación de una Mesa de coordinación de seguridad y resiliencia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. El Gobierno de España espera que dicha mesa sirva como foro de debate e interlocución.