No ha gustado en el seno de los operadores de telecomunicaciones la aprobación del proyecto de ley que reforma la Ley General de Telecomunicaciones. Las principales compañías se sienten perjudicadas por no poder realizar contraofertas a aquellos usuarios que desean cambiarse de operador y esperan que el Gobierno dé marcha atrás.
Hace sólo unos días os informábamos del cierre de la puerta que hasta ahora permanecía abierta para los principales operadores a la hora de contraofertar a aquellos usuarios que pretenden portar su línea a otro operador. La medida ha sentado muy mal a los grandes, que se ven perjudicados por el Ejecutivo ya que la reducción del actual plazo en el proceso de cinco días a uno les deja un margen de acción escaso en telefonía móvil y nulo en el caso de las portabilidades fijas.
Aunque algunos operadores consideran que en servicios móviles consideran que en telefonía móvil sí pueden realizar el proceso de contraoferta (llamar al cliente, localizarlo y convencerlo), en portabilidad fija lo ven inviable, según informa CincoDías. El argumento esgrimido es que mientras en telefonía móvil basta con poner al día los sistemas, el proceso es más físico en el caso de las portabilidades fijas.
Un proceso más «físico» en portabilidades fijas
En este sector es necesario que una persona acuda a la central telefónica para desconectar el par de cobre de un usuario de un operador y conectarlo a otro. Teniendo en cuenta que la media de portabilidades fijas al año se acercó a las 7.500, las compañías deberían disponer de muchos trabajadores dedicados exclusivamente al proceso de portabilidad. Movistar sería la más perjudicada al ser la dueña de la mayoría de estos cables. También podría darse el caso de que estos trabajadores se viesen saturados de trabajo o que no tengan que trabajar si ningún usuario decide portar su línea.
Lo cierto es que aún sería posible una marcha atrás por parte del Gobierno en este sentido dado que es cuestión de semanas o meses que se complete la articulación del proceso en un único día. La Comisión del Mercado de Telecomunciaciones (CMT) será la encargada de ello y hasta entonces puede que los operadores de banda ancha y telecomunicaciones fija logren convencer al regulador mostrando los inconvenientes que el proceso les generaría y se amplíe el plazo.