La expansión de la fibra óptica en España ha sido todo un éxito, pero hay mucha competencia, sobre todo entre operadores locales, lo que ha llevado, en muchas ocasiones, a usar la infraestructura que ya existía para nuevas instalaciones de otras compañías.
Durante años, muchas empresas han optado por desplegar sus redes de fibra apoyándose en los conductos, arquetas y postes de Telefónica sin pasar por caja ni solicitar permiso. Esta práctica aceleraba su instalación y les ahorraba costes.
Pero esto ya no será posible, o al menos tendrá unas consecuencias que bien conviene tener en cuenta. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a petición expresa de Telefónica, ha aprobado una actualización de los procedimientos que endurece drásticamente las condiciones para las operadoras infractoras.
El objetivo es evitar que esta mala praxis siga siendo habitual y dotar de seguridad jurídica a la dueña de la infraestructura, que hasta ahora había reportado más de 1.500 casos de ocupación irregular.
La CNMC ha desarrollado y ajustado los procedimientos de regularización a través de la oferta mayorista MARCo (Acceso a Conductos), estableciendo medidas que castigan severamente esta picaresca.
Tendrán que pagar 5 años de alquiler
La principal novedad, y la que tiene un impacto económico realmente importante para las operadoras rivales, es la regla de la retroactividad de los costes. Telefónica podrá cargar en una sola factura años de alquiler de su infraestructura si el operador infractor no colabora.
El procedimiento ahora es el siguiente:
- Detección y costes de la investigación: Primero, Telefónica tendrá derecho a repercutir un coste adicional del 10 % sobre el precio de replanteo (previsto en la oferta MARCo) para cubrir los trabajos de detección, documentación y verificación de la ocupación ilegal.
- Una vez notificada, la operadora acusada de ocupación tendrá un plazo de dos meses para acreditar la fecha exacta en la que se inició el tendido de sus cables. Esto debe hacerse aportando pruebas, como fotografías durante el despliegue, licencias municipales o contratos de instalación.
- Si el operador no presenta estas pruebas o no las acredita correctamente en ese plazo de dos meses, la CNMC da luz verde a Telefónica para considerar que la ocupación se realizó 5 años antes de su detección. En este momento, se aplica la nueva penalización de cinco años.
Esta medida tiene un efecto disuasorio brutal, ya que sería pagar de golpe cinco años de alquiler de miles de metros de conductos y postes, con sus costes recurrentes y no recurrentes asociados. Este desembolso podría ahogar económicamente a muchas operadoras locales y regionales, que ahora se pensarán dos veces si volver a incurrir en esta práctica ilegal.
Consecuencias para los reincidentes
Además de la nueva penalización retroactiva, la CNMC también ha tomado algunas medidas más estrictas para las empresas que, habiendo regularizado tendidos anteriores, vuelvan a ocupar una instalación ilegalmente. En estos casos, la CNMC permitirá a Telefónica suspender temporalmente el contrato MARCo o rescindirlo por completo, bloqueando la posibilidad de tramitar nuevas solicitudes de uso legal de la infraestructura. Esta penalización es importante porque frena en seco el crecimiento de la empresa infractora.
Además, el regulador agiliza el proceso de desmontaje de los cables ilegales en varios escenarios:
- Sin voluntad real de regularizar: Si el operador comete un error en el proceso de legalización y no lo resuelve en dos meses, se entenderá que no hay voluntad de regularizar la ocupación, permitiendo a Telefónica desmontar la instalación.
- Operador no identificado: Telefónica ya no estará obligada a avisar a los clientes finales con un mes de antelación antes de cortar los cables si el propietario de los mismos no ha podido ser identificado. La única protección para los usuarios afectados será el derecho a la conservación de su número durante un mes, para poder ejercer la portabilidad a otro operador, según informa la CNMC en su resolución.