Bruselas ha cambiado su hoja de ruta con la nueva Ley de Redes Digitales (DNA), afectando directamente a la viabilidad económica de los operadores alternativos, y en extensión a los precios que pagas cada mes por tu internet. Estamos siendo testigos de un movimiento sin precedentes en el sector de las telecomunicaciones en España.
Doce de los principales actores del mercado, incluyendo gigantes como Masorange, Vodafone y Digi, junto a especialistas como Adamo y Avatel, han firmado una carta conjunta dirigida a la Comisión Europea para quejarse ante lo que consideran una amenaza para la competencia.
Según informa el diario Expansión, este frente común, que incluye también a mayoristas de fibra y asociaciones como Acutelan y Aotec, exige que Europa garantice que Telefónica no pueda subir a su voluntad los precios de acceso a su infraestructura física. Hablamos de los conductos subterráneos, arquetas y postes, que es por donde circula la fibra óptica en nuestro país.
Cuál es el peligro
España es citada a menudo en Bruselas como un caso de éxito absoluto en cuanto al despliegue de banda ancha ultra rápida. Con más de 30 millones de hogares cubiertos, el llamado «milagro español» ha sido posible gracias a una regulación equilibrada. Los operadores alternativos han podido desplegar sus propias redes utilizando los tubos y postes ya instalados por la antigua Telefónica a precios regulados por la CNMC, bajo una normativa denominada MARCo.
Sin embargo, este equilibrio se está rompiendo, ya que estos operadores pagan anualmente unos 70 millones de euros a Telefónica por el alquiler de estas infraestructuras. Cualquier incremento en estas tarifas se traduce en un aumento inmediato de los costes operativos para Vodafone o Digi, mientras que para Telefónica supone un ingreso directo en su beneficio bruto sin necesidad de invertir ni un solo euro.
Los firmantes de la carta advierten de que estas infraestructuras son un «monopolio natural». No es viable, ni económica ni urbanísticamente, que cada operador cave sus propios túneles bajo las calles de Madrid o Barcelona, por lo que el acceso a los conductos de Telefónica se considera un «recurso esencial y no replicable». Si el precio de este alquiler deja de estar controlado, la competencia podría colapsar.
Evitar un monopolio
Y la preocupación tiene todo el sentido del mundo, ya que tras más de una década de precios decrecientes, en el verano de 2025 la CNMC aprobó, por primera vez, una subida notable de un 11 % en los costes mensuales y un 14,6 % en los de instalación, justificándolo por el aumento de los costes laborales. Pero lo que realmente preocupa a los operadores alternativos no es solo esta subida puntual, sino la intención del regulador de liberalizar el mercado por completo.
El escenario que dibuja la carta enviada a Bruselas es bastante preocupante. Según la información de Expansión, la CNMC estudia sustituir la estricta norma MARCo por «compromisos voluntarios» de Telefónica. Si Telefónica recupera el control sobre los precios de sus ductos y postes, podría ajustarlos en base a la inflación o a sus propios objetivos estratégicos.
En el texto enviado a la Comisión Europea, las telecos señalan que un cambio en las condiciones económicas de acceso podría conducir a un proceso de remonopolización. El riesgo es que Telefónica acabe «reabsorbiendo activos y clientes» de rivales que ya no puedan soportar los costes de mantenimiento de sus redes.