El gobierno garantizará el acceso a Internet y móvil a familias vulnerables por la crisis del coronavirus
La crisis del coronavirus sigue adelante y el país se moviliza para detener la curva de contagios. El estado de alarma aprobado el pasado fin de semana sigue dando a conocer nuevos detalles que se van conociendo con el paso de las horas. El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de choque para frenar la crisis económica que está generando el coronavirus en España. Entre las medidas, además de flexibilizar los ERTE o garantizar prestaciones, ha confirmado que garantizará el acceso a Internet y móvil a familias vulnerables por la crisis del coronavirus.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan de choque económico para combatir los efectos del coronavirus. Entre las medidas aprobadas, tenemos que se facilitan los ERTE o Expedientes de Regulación de Empleo Temporal. También se confirma que los trabajadores afectados por reducciones de jornada o suspensiones de cobrarán una prestación por desempleo.
Se permitirá a los trabajadores la modificación de su jornada laboral para cuidar a familiares dependientes, incluso hasta el 100%. Este podrá modificar la jornada, reducirla u optando por el teletrabajo sin ningún preaviso y manteniendo sus condiciones salariales. Finalmente, se ha confirmado que se van a dedicar 30 millones de euros a la investigación científica para una vacuna contra el Covid-19. En total, se van a movilizar hasta 200.000 millones, el 20% de nuestra riqueza anual.
Las telecomunicaciones están garantizadas
“Garantizaremos servicios públicos esenciales, como luz y agua. y también las telecomunicaciones” afirmaba Pedro Sánchez en su intervención pública para comunicar el plan de choque económico aprobado en Consejo de Ministros. Es decir, nadie se va a quedar sin acceso a estos servicios públicos esenciales por impago, algo especialmente importante en los colectivos más vulnerables.
El primer bloque de medidas del Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros está destinado a las personas mayores, las dependientes y a las familias vulnerables. En este apartado se destinan 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las comunidades autónomas y entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.
Además, se amplía la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los servicios públicos esenciales. Como novedad, también se garantizan los servicios de telecomunicaciones. Todo ello para las familias vulnerables.
También se garantiza el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades. Para ello se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducirse sus ingresos. La finalidad es que ninguna persona en una situación económica difícil pierda su vivienda.