Mientras las familias españolas ultiman los preparativos para la cena de Nochevieja, con las uvas como grandes protagonistas, la energía vuelve a estar sobre la mesa de los despachos más importantes del país. El miedo a otro apagón, como el que ya vivimos en abril de 2025, está presente, y es por eso que los reguladores han creado un nuevo protocolo de seguridad que entrará en vigor en apenas tres semanas para evitar cualquier posible caída del suministro.
La estabilidad del sistema eléctrico español se ha convertido en una prioridad, sobre todo desde que hace casi un año la red colapsara en un fenómeno sin precedentes. Cada vez dependemos más de las energías renovables, que son limpias pero volátiles al mismo tiempo, y el riesgo de caídas está presente, junto con cada vez más frecuentes desajustes entre la oferta y la demanda.
Para evitar que toda España vuelva a quedarse sin luz, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido pactar una solución técnica definitiva que comenzará a funcionar el próximo 20 de enero. Según avanza el diario El Economista, este movimiento pone fin a meses de tensión en los que el regulador y el operador del sistema parecían no entenderse, pero que finalmente ha desembocado en un acuerdo para usar las centrales térmicas como garantes de la seguridad nacional energética.
Las térmicas vuelven al rescate
Lo que ocurrirá el día 20 de enero será la consolidación de una estrategia de supervivencia para la red, ya que hasta ahora, el sistema vivía en una especie de disputa constante. El pasado mes de octubre, la situación se tensó cuando la CNMC tuvo que intervenir forzosamente para que Red Eléctrica (REE) se sentara a negociar una salida viable a los problemas de control de tensión.
La propuesta inicial del operador era, según denunciaron las eléctricas, imposible de cumplir, ya que exigía a las centrales una velocidad de respuesta inmediata que la maquinaria actual no puede ofrecer sin riesgo de avería. Los ingenieros advirtieron que forzar las máquinas para responder en tiempo real podría ser contraproducente, generando más inestabilidad en lugar de solucionarla.
Pero el sentido común se ha impuesto. El nuevo texto, que ya cuenta con el visto bueno de las compañías eléctricas tras ser analizado en los despachos, recurre a las centrales térmicas (principalmente los ciclos combinados de gas) para aportar la firmeza que el viento o el sol no siempre pueden garantizar. El organismo presidido por Cani Fernández ha abierto un plazo de consulta pública de diez días, pero todo está listo para su implementación. Básicamente, se trata de convertir en estructurales unas medidas que se venían aplicando como parche excepcional desde octubre y que, de no haberse prorrogado, habrían expirado el 19 de enero de 2026, dejando al sistema desnudo ante el invierno.
¿Cómo cambia la operativa?
Para el usuario de a pie, lo importante es que la luz no se corte, pero para que eso ocurra, el sistema va a cambiar radicalmente, con un nuevo escudo que se va a basar en anticiparse. Hasta ahora, muchos de los desajustes se intentaban corregir en tiempo real, lo que generaba estrés en la red y desembocaba en situaciones de peligro.
La reforma de los procedimientos técnicos (conocidos en el sector como 3.1, 3.2 y 7.2) permite ahora que Red Eléctrica actúe antes de que el problema sea latente. En lugar de esperar a que falle el sistema, se reorganizan los tiempos operativos, por lo que si se prevé que va a faltar potencia o estabilidad, se podrá programar el encendido de grupos térmicos adicionales justo después del mercado diario, y no a la carrera en el último minuto para tratar de salvar la red.
Al cerrar la programación con antelación, se evitan esas oscilaciones bruscas de tensión que estaban poniendo en jaque a la infraestructura. Es un movimiento preventivo, ya que se cura en salud antes de que empiece a fallar el sistema. Además, la CNMC ha comprobado un dato crucial para el bolsillo del consumidor: durante los meses de prueba de este sistema, no se ha detectado un aumento apreciable de los costes. Es decir, tener una red más segura no nos está saliendo más caro, al menos por ahora.