Ser trabajador por cuenta propia en nuestro país implica enfrentarse constantemente a una carrera de obstáculos burocráticos y a una presión fiscal desmedida. Mientras que en la mayoría de los Estados miembros se están implementando directrices para aliviar la asfixia financiera y administrativa de las pequeñas empresas, España avanza en la dirección contraria.
Y esto está escalando a un nivel sin precedentes. Tanto es así que la Comisión Europea ha cumplido finalmente su amenaza y ha anunciado este mismo miércoles que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La realidad es que España es, a día de hoy, el único país de los veintisiete que no ha transpuesto las directivas comunitarias que eximen del IVA a los autónomos en sus operaciones europeas. Ahora, Bruselas no solo exige la rectificación inmediata, sino que solicita la imposición de sanciones financieras contra el Estado español por un incumplimiento que se arrastra desde hace más de un año.
Franquiciado del IVA
En el centro del problema se encuentra una disposición europea diseñada específicamente para dar oxígeno a los negocios más pequeños. Esta normativa permite a cada Estado miembro instaurar el denominado «régimen de franquicia del IVA«, un sistema que autoriza a las pymes y autónomos con una facturación anual inferior a los 85.000 euros a no tener que repercutir este impuesto en sus facturas, liberándolos así de las declaraciones trimestrales.
El argumento técnico que ha esgrimido históricamente España es que, al tratarse de una medida de carácter opcional, el Gobierno no tenía intención de aplicarla en el mercado interior para no mermar la recaudación. Sin embargo, la Comisión Europea ha sido tajante al desmontar esta excusa, ya que, aunque el país decida no aplicar la exención a nivel nacional, está obligado por ley a incorporar la normativa a su ordenamiento jurídico. Debe ser así porque su negativa está bloqueando directamente a las pymes y autónomos españoles, impidiéndoles acogerse a este sistema de exención cuando intentan operar y vender sus servicios en otros Estados de la Unión Europea que sí lo tienen activo. Se trata de una clara pérdida de competitividad.
600 euros al año
A finales del año pasado, la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ya denunció ante la propia Comisión esta falta de transposición. Según los cálculos de esta patronal, la implementación del IVA franquiciado supondría un ahorro directo de hasta 600 euros anuales para cada autónomo, derivado únicamente de la reducción de costes de gestión y burocracia.
Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha celebrado la decisión de Bruselas y ha señalado la raíz del problema: «A fecha de hoy, el Gobierno de España sigue sin adoptar ninguna medida legislativa… El Gobierno es lento y perezoso en transponer directivas que faciliten la labor a los pequeños empresarios, pero es ágil cuando son directivas para recaudar más».
Los plazos legales dan la razón a Bruselas. La normativa debía estar en vigor el 31 de diciembre de 2024. Ante el silencio de España, se abrieron expedientes y se enviaron cartas de emplazamiento en enero de 2025, seguidas de dictámenes motivados en julio de ese mismo año. Agotada la vía diplomática, el TJUE tomará ahora el mando.
¿Qué negocios se ven afectados?
La denuncia de la Comisión Europea también incluye una segunda directiva, aprobada en 2022, que España tampoco ha aplicado. Esta normativa es clave para la economía digital, ya que establece unas reglas estrictas sobre el lugar donde se considera prestado un servicio cuando este se transmite u ofrece por internet.
Además, esta directiva regula el régimen especial del IVA aplicable a sectores muy concretos, como la compraventa de productos de segunda mano, las obras de arte, los artículos de colección y las antigüedades. Si una empresa española vende arte u ofrece servicios digitales a Francia o Alemania, la falta de una normativa común está provocando graves problemas de doble imposición o, en el peor de los casos para las arcas públicas, situaciones en las que no se tributa nada. Y eso, como es obvio, no les interesa.