El PSOE quiere multar con 300.000 euros a los operadores que no ofrezcan atención al cliente de calidad
Uno de los nuevos objetivos del PSOE en lo que respecta a los servicios de telecomunicaciones pasa por imponer fuertes multas a aquellos operadores que realicen infracciones graves en sus servicios de atención al cliente. Las multas más duras llegarían hasta los 300.000 euros.
El Partido Socialista ha anunciado una serie de enmiendas al proyecto de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones entre las que se incluye una mayor dureza contra los operadores en caso de infracciones a los derechos de los usuarios en los servicios de atención al cliente. Según publica Europa Press, las sanciones se aplicarán a aquellas compañías que incumplan la obligación de ofertar una adecuada «interlocución telemática», lo que supondrá una multa de hasta 30.000 euros por «infracción leve».
Sin embargo, la medida propone sanciones más severas en casos como el de «impedimento u obstaculización al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición«. En este caso estaríamos ante «infacciones graves» y las multas irían nada menos que desde los 40.001 a los 300.000 euros.
Aunque la obligación de prestar un servicio de atención al cliente de calidad está recogida en la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, la novedad llega con el régimen sancionador, según explicó la portavoz socialista Lourdes Muñoz.
Por otro lado, los usuarios tendrán derecho a obtener una compensación económica por la interrupción del servicio así como por su degradación, es decir, si la calidad recibida se sitúa «por debajo del nivel contratado». Este es un aspecto a tener muy en cuenta porque en muchas ocasiones las velocidades de conexiones ADSL están muy por debajo de las que los usuarios contratan y ahora podrán reclamar ser compensados por ello. Asimismo, el operador estará obligado a facilitar las reclamaciones.
También se introducen derechos a la información «veraz, eficaz, suficiente, transparente, comparable y actualizada» sobre precios, tarifas y otras condiciones de los servicios, así como a recibir una facturación «sin errores, clara y detallada. Igualmente, se establece un máximo de 2 días hábiles para resolver los contratos con el operador, mientras que se ha planteado la creación de una tarifa más económica para que los estudiantes cuenten con acceso a Internet a un precio más accesible.
