Airbnb tendrá que pagar más de 64 millones de euros por permitir anuncios de viviendas sin licencia. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sido la encargada de sancionar a la plataforma online de alojamientos turísticos. Se trata de una resolución firme y agota la vía administrativa, por lo que la empresa no podrá librarse de la sanción económica y deberá eliminar los contenidos ilícitos publicados.
Según la investigación llevada a cabo en Airbnb, han identificado un total de 65.122 anuncios en la plataforma que no cumplían con la normativa. Consumo aclara que detectaron que estos anuncios de alojamientos turísticos no contaban con la debida licencia turística que exigen la mayoría de comunidades autónomas. En muchos casos, no especificaban el número de registro en la publicidad de Airbnb, o usaban números de licencia falsos o incorrectos. Consumo ha detectado otras prácticas comerciales desleales, como la carencia de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.
Más de 64 millones de euros por infracción grave a Airbnb
Que Airbnb no controlase este tipo de ilegalidades en su plataforma de alojamiento turístico ha sido catalogada como infracción grave por la justicia. Por ello, tendrán que pagar una multa de 64.055.311 euros. Según han detallado desde Consumo, eso equivale «a seis veces el beneficio ilícito» que Airbnb obtuvo por permitir estas prácticas que incumplen las normativas locales. Además, el ministerio de Bustinduy ha ordenado la retirada de los 65.122 anuncios con información engañosa identificados.
Según ha recogido Rubén Sánchez, de Facua, se trata de la segunda mayor multa de Consumo. Por delante, solo está la sanción de Ryanair por el recargo de equipaje de mano, cuyo importe fue de alrededor de 108 millones de euros.
Más multas a Airbnb por parte de Consumo
Durante la investigación, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha detectado otras infracciones que suman más dinero a la multa. Al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión de varios anuncios de alojamientos turísticos, la compañía ha incumplido el régimen y obligaciones de los contratos a distancia. En este caso, se trata de una infracción que le costará a Airbnb 10.000 euros.
Además, el ministerio ha acusado a Airbnb de obstruir o negarse a ofrecer información durante la investigación. Al no facilitar datos durante la instrucción del expediente, la firma de alojamientos turísticos ha cometido otra infracción leve y suma otros 10.000 euros de sanción.
Finalmente, Consumo señala que Airbnb ha incumplido los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales que dictaron durante la tramitación del expediente para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores. Esto supone una infracción grave y se traduce en otra multa con un importe de 55.000 euros.
Las agencias inmobiliarias, también bajo lupa
Airbnb no ha sido la única que Consumo ha puesto bajo lupa. El ministerio ha resaltado que tiene varios expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas hacia inquilinos en la gestión del alquiler. «Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares», ha mencionado Bustinduy sobre el gran problema que afecta actualmente a millones de españoles.