Castilla-La Mancha reclama a ex cargos públicos que devuelvan móviles y tabletas
La Junta de Castilla-La Mancha ha solicitado formalmente a miembros del anterior Gobierno y a cargos públicos vinculados con el mismo que devuelvan los teléfonos móviles de alta gama y las tabletas que se les concedieron por ocupar dicho cargo. En caso de no devolverse a la Administración Pública, este acto sería considerado como una apropiación ilegítima.
Los smartphones y tablets que disfrutaron los cargos públicos de la anterior legislatura en Castilla-Mancha han sido reclamados para ser devueltos. Aunque algunos políticos como la presidente María Dolores de Cospedal afirman que no usaron un ningún teléfono público, otros miembros del anterior Gobierno del Partido Popular llevan un par de meses haciendo caso omiso a esta reclamación por parte de la actual Junta.
La mayor parte de los dispositivos móviles entregados a modo de herramienta para desempeñar las funciones propias del cargo público eran modelos iPhone y tabletas iPad de alta gama. Durante el mes de septiembre se enviaron cartas a los poseedores de dichos gadgets para que los devolvieran sin que en muchos casos se haya atendido dicha solicitud. En un primer momento se otorgaban 15 días de plazo para entregar los teléfonos pero dos meses después todavía faltan algunos dispositivos.
Averías y privacidad como excusas para no devolver los móviles
En algunos casos se reclaman sobre la misma persona hasta tres móviles iPhone y dos tabletas, como sucede con el exconsejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, pero en este caso el propio Echániz solicita comprarlos por el valor que asignen los estamentos públicos justificándolo en la imposibilidad de borrar toda la información y datos privados que almacenan. Por parte de algunos cargos que no han devuelto estos terminales se ha alegado a que se han dado de baja estos modelos o que se han averiado, por lo que no se han podido recuperar buena parte de los mismos.
En el pasado hemos visto como la presión popular hacía recular la asignación de terminales de alta gama a los diputados regionales, como era el caso de la Comunidad Valenciana, donde se cambió la entrega de nuevos iPhone por otros terminales más modestos económicamente hablando. En el caso de Castilla-La Mancha no estamos ante la primera vez que se da una circunstancia de este tipo, ya que en la anterior legislatura, el Gobierno del Partido Popular solicitó al anterior Gobierno del PSOE la devolución de 113 teléfonos móviles.
¿Creéis que la asignación de este tipo de dispositivos debería limitarse más?