Orange, Vodafone y Movistar, denunciadas por aplicar penalizaciones injustas por permanencia

Los operadores de telefonía móvil y ADSL siguen en el punto de mira de las asociaciones de consumidores. En esta ocasión ha sido la OCU la que ha decidido actuar contra tres de las grandes compañías del sector, Orange, Vodafone y Movistar, a quienes exige que acaben con las "injustas" penalizaciones que imponen en concepto de permanencia.

Los obstáculos que ponen las compañías de telecomunicaciones han sido denunciados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid. En concreto, la organización de consumidores señala a las penalizaciones que los usuarios han de pagar a los operadores cuando quieren acabar con las permanencias fijadas por las compañías y las califican como "trabas onerosas".

En su opinión, se trata de un concepto "injusto" que permite a los operadores denunciados enriquecerse a través de unas "cuantías fijas", que se incrementan "cuanto mayor es la antigüedad con el operador que se desea abandonar". Según la OCU, las penalizaciones "limitan la competencia" en base a un criterio "desproporcionado" que acaban pagando los usuarios.

No es la primera vez que se centra la atención de una organización de consumidores sobre estas prácticas. En los últimos años hemos visto a otras como FACUA clamar contra las permanencias y las abusivas condiciones que imponen las compañías de móvil y banda ancha fija. De hecho, este aspecto forma parte de las constantes reclamaciones de usuarios contra los operadores por malas prácticas.

Hace dos años la propia FACUA advirtió que es posible cambiar de operador sin pagar esta cuantía siempre que se detecte un "incumplimiento grave" del contrato por parte de la compañía. Como tal se pueden calificar los "cambios  en la tarifa sin avisar al usuario, altas en servicios sin su consentimiento o cobro de llamadas no realizadas", prácticas que suelen repetirse demasiado a menudo y que no son utilizadas por los consumidores para romper su compromiso de permanencia generalmente "por desconocimiento o miedo a enfrentarse a todo un operador".

Así pues, una batalla legal que volverá a vivir nuevos episodios después de años en los que las organizaciones han batallado por los derechos de los usuarios. Ahora será la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid la que decidirá si efectivamente estas cláusulas son injustas y da pie a una posible reforma en las mismas de cara a evitar abusos sobre los usuarios y a mejorar la competencia en el mercado.