Durante muchos años, en España no se ha castigado la piratería, sobre todo aquella que ofrece el fútbol de pago. Tanto los usuarios que se beneficiaban como los propios proveedores que ofrecían los servicios sabían que, en el peor de los casos, podrían llevarse una pequeña multa económica. Pero esto ha dejado de ser así.
La Audiencia Provincial de Málaga acaba de dictar una sentencia que marca un punto de inflexión en la lucha contra la piratería audiovisual, estableciendo una pena de cumplimiento efectivo a los responsables de una de las mayores redes de distribución ilegales.
Hasta ahora, el límite de la pena estaba en los dos años de condena, pero la justicia ha endurecido su mano. Según informa elEconomista.es, un tribunal ha condenado a hasta tres años de cárcel a cuatro responsables del grupo «servicioIPTV».
Hay que tener en cuenta que, al superar los dos años, la pena implica el ingreso en prisión incluso si los condenados no tienen antecedentes penales previos.
Condena de tres años
La sentencia, dictada la semana pasada, es de conformidad. Esto significa que los acusados, acorralados por las pruebas presentadas por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, han reconocido voluntariamente los hechos para evitar un castigo aún mayor.
La red desmantelada operaba a través de webs como «servicio-iptv», «servicioiptvccam» y «servicioiptvpremium». Su modelo de negocio era el clásico esquema de reventa de listas IPTV ilegales (listas m3u) que permitían decodificar la señal protegida. Ofrecían acceso a más de 8.000 canales, tanto nacionales como internacionales, a precios irrisorios en comparación con las tarifas que ofrece la compañía, cobrando 50 euros por una suscripción anual. También contaban con paquetes fraccionados de 10 euros al mes o 35 euros el medio año.
El juez ha considerado que existe una infracción «muy grave» de la Ley de Propiedad Intelectual. La clave para subir la pena hasta los tres años reside en los agravantes aplicados: la «especial trascendencia económica» del beneficio obtenido por los delincuentes y la «extraordinaria gravedad» de los hechos. Ahora no se juzgará como un delito digital sin más, sino como un crimen organizado que causa millones de euros en pérdidas para la industria.
Alianza entre Telefónica, Disney y Sony
Lo interesante de este caso es la unión de los afectados para impulsar la denuncia. Aunque el foco principal era el pirateo de la señal de Movistar+ (específicamente sus 64 canales exclusivos), la causa penal sumó fuerzas con la entrada de ADIVAN (Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de Ámbito Nacional).
Esto implica que no solo se perseguía el robo de fútbol o deportes en directo, sino también el pirateo de contenidos de ficción y cine, protegiendo los intereses de gigantes como Sony Pictures, 20th Century Fox y The Walt Disney Company. La investigación que llevó a cabo la policía logró desentrañar la arquitectura técnica de los servidores y los flujos de pago, desenmascarando una estructura profesionalizada que se está lucrando ilegalmente.
Además de la pena privativa de libertad, el fallo judicial impone el cierre y bloqueo definitivo de las páginas web implicadas y fija una responsabilidad civil inicial de 80.000 euros a favor de Telefónica. Esta cifra es una estimación del daño directo, pero el mensaje que manda es mucho más importante.
¿Por qué ha subido la condena?
En 2023, vimos condenas de seis meses para responsables de webs como «rojadirectapartidosgratis» (lo que antes era Roja Directa) o un año de prisión para vendedores de TV Box modificados. En 1995, las penas por piratear Canal+ se limitaban a dos años (que solían suspenderse).
La justicia ha entendido que el pirateo mediante IPTV es una industria sumergida que mueve millones de euros en negro y destruye el tejido industrial de la cultura y el entretenimiento.