¿Por qué es extremadamente difícil que Trump cumpla con la amenaza de imponer aranceles a España?

La OTAN vivió durante el día de ayer una jornada histórica: por primera vez, los 32 miembros aliados confirmaron un importante incremento en la inversión que destinan a defensa. Si en el año 2014 se fijó el umbral del 2% bajo la declaración de Gales en la cumbre celebrada los días 4 y 5 de septiembre de dicho año, cuya nota de prensa se puede consultar en este enlace, ahora la organización ha decidido aumentar dicha inversión hasta situarse en el 5%. Una medida con la que se busca estar más preparados ante las distintas amenazas que llegan desde otras regiones del mundo y que podrían romper la estabilidad a la que estamos acostumbrados a tener en Europa.

España fue el único país que se manifestó en contra de dicho aumento presupuestario. Pedro Sánchez confirmó que nuestro país podrá cumplir con todos los objetivos de capacidades que exige la OTAN destinando únicamente un 2‘1%. La decisión no sentó bien a Donald Trump, uno de los grandes defensores de aumentar el gasto hasta alcanzar el 5%. Y en la rueda de prensa posterior fue tajante: Estados Unidos va a hacer que España “pague el doble” de aranceles. De este modo, busca recuperar el dinero que no va a recibir a través de la OTAN, pero sí a través de impuestos. Pero, ¿qué base legal y qué precedentes existen para que EE. UU. aplique una medida de este calibre?

Una amenaza muy difícil de alcanzar

Para calibrar el alcance de la amenaza, es fundamental entender la relación comercial. Apoyándonos en datos del ICEX (Web Research), en 2024 las exportaciones españolas a EEUU ascendieron a 18.179 millones de euros. Es decir, un 4,7% del total exportado por España. Los sectores más expuestos serían los de maquinaria, material eléctrico, aceite de oliva, combustibles y productos farmacéuticos.

Como es habitual, Donald Trump no especificó cómo iba a conseguir que España pagara el doble. Sin embargo, sí que le dio tiempo a afirmar que él mismo se sentaría a negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez los términos de su política arancelaría. Algo que, a posteriori, negó nuestro gobierno al considerar que no negociaría acuerdos bilaterales con Estados Unidos.

El Ejecutivo se escuda en que los países miembros de la Unión Europea no negocian individualmente la política arancelaria con otras regiones, sino que es la Unión Europea la que lleva a cabo estas negociaciones. El argumento Ejecutivo se fundamenta en la competencia exclusiva de la UE para la política comercial común, recogida en el artículo 3.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta disposición impide que un Estado miembro, como España, pueda negociar o aceptar aranceles de forma bilateral. Se trata de una medida que quiere evitar que los países más atractivos negocien aranceles a la baja con otras potencias.

Sin embargo, esta medida ha ayudado en este caso a España. Puesto que dicho tratado también sirve para evitar que países como Estados Unidos puedan castigar a regiones de menor tamaño, como España, por estar alineados con sus políticas.

En último término, incluso si Estados Unidos consiguiese imprimir unos aranceles más duros a España, el impacto sería mínimo. La libre circulación de mercancías que tenemos en Europa haría que fuese muy sencilla trasladar estos productos a cualquier otro país y gestionar nuestra política de comercio exterior desde allí. Por lo tanto, existirían soluciones que no requerirían de una gran complejidad.

El propio Carlos Cuerpo, Ministro de Economía, así lo confirmó: “las negociaciones se dan en el marco de la Comisión Europea, que es la encargada de negociar por parte de todos los Estados miembros, no solo para España”, en declaraciones recogidas durante el día de ayer.

El problema: la tensión recae sobre Bruselas

Una vez descrita la situación general, conviene entrar en detalles. El problema de la situación vivida durante el día de ayer es que la tensión para defender a España, y evitar la desfragmentación del mercado europeo continental, recae directamente sobre Bruselas. La Comisión Europea se va a encontrar con una compleja situación a la que seguro que no se quería enfrentar.

La negociación entre Bruselas y Washington se ha tensionado más de la cuenta desde que la Administración Trump llegó al poder. Y lejos de anticipar un futuro algo más relajado, todo apunta a que la situación vivida durante el día de ayer va a añadir una problemática extra a unas relaciones que ya están muy desgastadas.

¿Qué productos españoles podría gravar EE.UU.?

Hemos explicado que, al menos en términos técnicos, Estados Unidos no podrá gravar el doble de aranceles a España que a Francia, por ejemplo. Sin embargo, existe una carta que sí que podría usar Trump contra nuestro país: los productos específicos.

La Administración Trump podría meterse con industrias específicas, como la del vino o la del acero, y justificar la decisión con las reglas que contempla la OMC aludiendo, por ejemplo, a motivos de seguridad nacional.

En el año 2018, la Administración Trump impuso aranceles al acero y aluminio a la UE por motivos de seguridad nacional y llevó el caso a la Organización Mundial de Comercio (OMC). El panel de la OMC se mostró contrario a esta medida, debilitando la posición de fuerza de EEUU en una disputa similar a la de España.

Esta situación tampoco es sencilla de ejecutar, puesto que no puede gravar con distinto arancel a un mismo producto en dos países diferentes. No obstante, sí que parece la vía más probable sobre la que se trabajará. De momento, la Administración estadounidense no ha detallado el mecanismo legal ni el calendario para la aplicación de esta medida, por lo que los siguientes pasos se mantienen en el terreno de la especulación a la espera de un anuncio oficial.