El Ejecutivo estudia la aprobación de una nueva prestación universal por crianza de 200 € al mes para familias que tengan menores de 18 años a su cargo. Se trata de una medida que se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible para 2030 y que, sobre el papel, busca fomentar la natalidad y apoyar a las familias a reducir la pobreza infantil. Pero, ¿realmente es así?
El martes 10 de febrero, el Consejo de Ministros aprobaba como objetivo prioritario incorporar una prestación universal por crianza de 200 € al mes que fuera uno de los pilares de la Estrategia de Desarrollo Sostenible para 2030. Se trata de una ayuda natalista que, una vez reciba la luz verde definitiva, estará garantizada para todas las personas, sin aplicar ningún tipo de filtro. Es decir, no influirá el nivel de renta o la situación económica o laboral, como ocurre con otras medidas.
El principal escollo para su aprobación es la fragmentación parlamentaria que existe actualmente en nuestro país, que impide que el Ministerio de Derechos Sociales pueda aprobar determinadas medidas sin que en torno a ellas exista una negociación sobre otros aspectos de interés para el resto de partidos políticos. No obstante, Pablo Bustinduy, afirmó que esperaba que la prestación saliera adelante “cuanto antes”. Sin embargo, lo que en un principio se ha vendido como una victoria a nivel social, ha despertado todo tipo de críticas por parte de diferentes expertos en la materia.
No es una medida natalista
Como ya hemos explicado, se trata de una medida universal que llegaría a cualquier persona de España. Esto quiere decir que incluso las personas más ricas de nuestro país la tendrían concedida si la solicitasen, pero también aquellas que no forman parte de las capas productivas de nuestra sociedad y que no aportan un euro al erario público.
Si el Gobierno buscase, efectivamente, reducir la carga fiscal de los contribuyentes y fomentar la natalidad entre su población, hubiera optado por rebajar el IRPF pagado por cada hijo y no por regalar 200 € al mes hasta la mayoría de edad. De este modo, se aseguraría que la medida iría destinada a aquellas personas que, efectivamente, contribuyen al crecimiento y a la productividad de nuestro país, como explica el usuario Daniel Fernández, especialista en temas de corte económico, en X.
https://x.com/danfmsg/status/2021547090212446281?s=20
Mientras que una deducción en el IRPF incentiva el trabajo y el esfuerzo, una ayuda universal va en la dirección contraria: fomenta el desarrollo de una capa social que únicamente busca encontrar una nueva ayuda que pueda sumar a las ya actuales.
En busca de más votos
Mientras que rebajando el IRPF, el Gobierno perdería músculo económico para gestionar, ya que ingresaría menos, mediante una ayuda directa gestiona un mayor fondo. Esto le otorga más poder a nivel social y, de cara a las próximas elecciones, tendría una herramienta más con la que movilizar el voto bajo la amenaza de que, de no salir elegidos, este sistema de ayudas que se ha articulado durante los últimos años podría desaparecer.
Una de las dudas que todavía están sobre la mesa, puesto que de momento no se han compartido muchos detalles al respecto, tiene que ver con la complementariedad de la medida con otras ayudas. Por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital. De ser compatible con el IMV, se podría dar la situación de que personas que no trabajan, ni tienen intención de hacerlo, podrían ganar más dinero y tener una mayor calidad de vida que la otra parte de la población que sí que trabaja y aporta con sus impuestos.
De momento, lo único que podemos hacer es esperar hasta conocer más información: desde los plazos que maneja el Ejecutivo hasta las condiciones de aplicación. Sin embargo, de confirmarse los rumores, todo apunta a que nos encontraríamos con una nueva ayuda que, en vez de incentivar la natalidad y el trabajo, apuntaría en la dirección completamente opuesta.