La Guardia Civil ha detenido este jueves, 6 de noviembre de 2025, a Álvaro Romillo, el empresario detrás de la empresa Madeira Invest Club (MIC). Según han confirmado fuentes jurídicas a elDiario.es, lo detienen por la supuesta estafa piramidal de CryptoSpain, que prometía un 53% sin tributar. La detención se ha producido a manos de la Unidad Central Operativa (UCO), aunque la investigación del delito sigue abierta en la Audiencia Nacional.
La causa de la supuesta estafa de Madeira Invest Club todavía sigue abierta y Romillo está siendo investigado en la Audiencia Nacional. Este club de inversión en criptomonedas escondía «un entramado societario internacional» con sociedades y cuentas bancarias para «recibir los fondos de la estafa» y blanquear dinero de los afectados.
Recientemente, la Audiencia Nacional ha recibido informes de parte de la UCO de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria que han dado lugar a una detención esta mañana, según informa elDiario.es en una noticia publicada hoy a las 11:24 AM.
Paralelamente a las investigaciones al MIC por la presunta estafa piramidal, se ha abierto otro proceso judicial contra Alvise Pérez. Esta otra causa comenzó después de que Romillo confesase a la Fiscalía General del Estado que había pagado 100.000 euros en efectivo al político. El eurodiputado está siendo investigado por financiación ilegal de su partido Se Acabó La Fiesta. En la confesión realizada por escrito, el empresario reconocía que se ofrecía a liquidar sus bienes para compensar a los inversores de diferentes sectores.
Contexto de la supuesta estafa piramidal
Los problemas de MIC con la justicia comenzaron después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertase en mayo de 2023 prácticas ilegales. Según advertía en su comunicado oficial, la sociedad «no está autorizada para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva previstas en el apartado 1 del artículo 1 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva».
La cara visible de la empresa era la cuenta Cryptospain, liderada por Romillo, que prometía rentabilidades del 53% sin declarar nada a Hacienda. De un día para el otro, desapareció. Desactivaron el canal de Telegram y las redes sociales, sus oficinas cerraron y los números de teléfono dejaron de funcionar. La única vía de comunicación era el correo legal@madeirainvestclub.com, pero nadie dio ninguna respuesta. Eso hizo saltar las alarmas de supuesta estafa piramidal.
El líder de la comunidad explicó que habían bajado la persiana por supuestas investigaciones y que sus cuentas bancarias estaban bloqueadas. Antonio Gabriel Romero Rodríguez, que era el responsable del lanzamiento de las campañas de marketing de CryptoSpain, declaró a ADSLZone que, si se confirmaba, él también se vería afectado porque había metido dinero.
La relación de Álvaro Romillo con Alvise Pérez
Aunque a Álvaro Romillo se le haya relacionado con Alvise Pérez, hay que aclarar que el eurodiputado no tiene que ver con la estafa piramidal de CryptoSpain. El empresario de MIC entregó 100.000 euros al líder de Se Acabó La Fiesta para supuestamente financiar la campaña a las elecciones europeas. Esto no está relacionado con la causa por la que han detenido a Romillo, sino que se trata de otro procedimiento judicial.
En la investigación en la que sí que está relacionado el político, Romillo ratificó ante el Tribunal Supremo que había entregado el dinero con el fin de recibir favores en el futuro. Alvise Pérez ha admitido haber recibido los 100.000 euros, pero niega que se destinasen a la campaña de las elecciones de Europa. Pese a la versión del eurodiputado, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional llegó a avalar la financiación ilegal de Se Acabó la Fiesta en septiembre de 2024.
La causa judicial comenzó en la Audiencia Nacional, pero fue elevada al Tribunal Supremo. El pasado mes de octubre, el juez del caso, Julián Sánchez Melgar, pidió el suplicatorio al Parlamento Europeo para investigar al eurodiputado Alvise Pérez por financiación ilegal y delito electoral. Este fue el segundo suplicatorio que el TS eleva a Europa en el caso.