No es que estén descontentos con sus inquilinos, o que necesiten el piso para entrar a vivir. Uno de los motivos más frecuentes es que esperan poder evitar una prórroga legal de tres años adicionales sin subida libre de precio.
Todos aquellos contratos que cumplen en 2026 su quinto año en vigor mantienen a propietarios y residentes en vilo. Unos, porque temen la llamada que les informe de una subida radical de precio. Otros, porque desconocen cómo se tomarán sus inquilinos la noticia de la rescisión o de un pago notablemente más alto.
No hablamos de una variación de 100 euros entre contrato y contrato, sino de cerca de un 50% de subida, según confirman portales inmobiliarios como Idealista, Fotocasa y Pisos.com. Para que nos entendamos: aquellos particulares que en 2021 acordaron pagar 900 euros al mes, hoy no encontrarán demasiadas opciones similares por menos de 1.500.
Esquivar una prórroga hasta los 8 años
De mantener el contrato con la misma persona, pasados esos 5 iniciales, el arrendador estaría prorrogando el alquiler hasta tres años más. Un plazo de tiempo en el que se mantendrían las reglas de subida máxima de precio correspondientes al IRAV (en sustitución del IPC como índice de referencia).
Los arrendadores que cerraron su acuerdo hace ahora 5 años han padecido todas las restricciones de un periodo económico convulso, marcado por el final de la crisis del COVID, la guerra de Ucrania y, en general, la evolución del IPC a ritmos acelerados.
Durante los años 2022 y 2023, la subida máxima permitida para la renovación anual del alquiler fue del 2%, y creció hasta el 3% en 2024. Porcentajes, todos ellos, muy por debajo de la inflación. Esta descompensación ha generado malestar entre quienes han visto limitados sus ingresos por las reglas de juego, y hoy están dispuestos a comenzar de cero, por muy contentos que se encuentren con los inquilinos.
Para que la finalización del contrato sea efectiva, debe realizarse el aviso al residente con una antelación mínima de 4 meses, plazo que le permita organizarse e intentar encontrar una alternativa.
Tener que mudarte a una nueva vivienda en este contexto de precios desorbitado supone, para muchos, la diferencia entre poder subsistir con su sueldo o no poder. En el otro lado, el propietario debe hacer números: mantener un precio bajo, muy desajustado con respecto al de mercado, repercutirá también directamente en su economía.
Contratos temporales de 11 meses
Una vez finalizado el contrato, muchos propietarios optan por una fórmula que esquive la obligatoriedad de prórrogas de la Ley de Vivienda. Por eso, cada vez es más frecuente encontrar anuncios donde se muestra la preferencia por un inquilino que utilice el piso durante 11 meses como máximo. Al considerarse uso temporal, el casero dispone de un mayor control sobre su vivienda, que estará disponible para su uso o para una subida de precio conveniente en un plazo corto de tiempo.
Eso sí: deberá disponer de justificación lógica para necesitar el piso de vuelta en ese periodo, o podría negársele la consideración de uso temporal. De ahí que, en un gran número de ocasiones, las ofertas vayan dirigidas a estudiantes, que regresarán a casa en verano, o a personas que se mudan por un periodo concreto.
También puede servir como motivo razonable de ese plazo máximo que el casero vaya a necesitar la vivienda en cierto momento del año por motivos que no generen dudas, como el inicio de obras en su otra vivienda o la necesidad de desplazarse durante un tiempo a su localización geográfica, por ejemplo por motivos de trabajo.
Alquilar un piso o una habitación
En este contexto, no es de extrañar que, sólo el pasado año, los alquileres compartidos se disparasen un 50%. Quien hace 5 años era capaz de pagar por un apartamento, hoy tan sólo puede aspirar a un dormitorio, y a cocina, salón y baño compartidos. De hecho, el precio del alquiler de las habitaciones también ha experimentado una subida atípica.
Con una oferta mermada, las más desfavorecidas son las familias con niños, que ver reducidas sus opciones, tanto por el precio general del alquiler, como por la preferencia creciente de alquilar a una persona sola, o a un máximo de estudiantes.
La regulación de la vivienda ha desatado el miedo de muchos arrendadores, que admiten tener reticencias a la hora de alquilar a ciertos perfiles. Un estudio reciente, publicado por Spotahome, confirma que el 38% de los propietarios prefieren excluir a candidatos con menores a su cargo.
Los caseros se vuelven más selectivos y clasifican a los posibles arrendatarios en función del riesgo de impago o de inquiokupación a largo plazo, lo que limita las opciones de que disponen algunas poblaciones más vulnerables.