España, denunciada por incumplir la sentencia europea que ilegalizó el canon

El Estado español ha sido demandado por un abogado de Barcelona en relación al polémico canon digital y su incumplimiento tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (TJUE), que lo declaró ilegal y contrario al derecho comunitario en octubre de 2011 por «abusivo e indiscriminado».

El letrado en cuestión es el conocido especialista en propiedad intelectual, Josep Jover, que ha actuado en nombre de la empresa electrónica Freephone Axarquia ubicada en Vélez-Málaga (Málaga). Según leemos en 20minutos.es, el abogado ha pedido una multa de 500 millones de euros para el estado español y se remitió a la sentencia del TJUE en el conocido caso Padawan que declaraba «indiscriminada» la aplicación de esta tasa a «equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no estuviesen puestos a disposición de usuarios privados y estuviesen reservados a usos distintos a la realización de copias privadas».

A pesar de esta sentencia, la empresa defendida por Jover, especializada en venta de CD y DVD, fue condenada a pagar 600.000 euros en concepto de canon digital a la SGAE. La condena se redujo posteriormente a 300.000 euros, cantidad que acabó siendo ratificada por el Tribunal Supremo (TS). Sin embargo, el denunciante reclama que este tribunal no hizo caso a la sentencia europea, lo que tuvo unas graves consecuencias para la propietaria de la tienda. «Noelia y su marido vieron como les embargaron la casa, tuvieron que cerrar la tienda y están arruinados«, explica.

La denuncia interpuesta por Jover se basa en tres hechos fundamentales. Por un lado, señala que el TS «no aceptó la cuestión prejudicial entablada por la mercantil Freephone Axarquia», a la par que «no ha revocado las sentencias a favor del canon digital que antes habían dictado, tanto ellos como las audiencias, en virtud de su jurisprudencia».

Asimismo, afirma que «el Estado español ha pasado olímpicamente (con la ayuda de la sentencia del TS) de reclamar lo que le es propio, el canon pagado con nuestros impuestos, beneficiando a unas entidades de gestión de derechos de autor que lo cobraron con apoyo de los políticos». Respecto a dichas entidades, Jover subraya que «deberían devolver lo indebidamente percibido», lo cual cuantifica en un mínimo de 57 millones de euros al año.

La denuncia interpuesta ante la Comisión Europea busca abrir la puerta de la reclamación para la devolución de los 300.000 euros a la empresa afectada. Una vez fuese sancionado el Estado español, los afectados podrían solicitar dicha devolución a la par que el resto de damnificados por el cobro del canon podrían hacer lo propio.