La seguridad de miles de mujeres en España podría estar en riesgo por una decisión que hoy es el centro de la polémica en el ámbito judicial, político y tecnológico. Según El Confidencial, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), advirtió en enero de 2024 a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que el cambio en la gestión de las pulseras telemáticas de control de maltratadores podía acabar muy mal.
Este servicio cambió de proveedor tras un contrato firmado a finales de 2023. Lo que debería haber sido una transición habitual en este tipo de contratos públicos, ha derivado en una chapuza de dimensiones nunca vistas. El problema es que afecta directamente a la seguridad de las víctimas de violencia de género y a la fiabilidad de los procesos judiciales. Las palabras de María Ángeles Carmona, expresidenta del Observatorio, no dejan lugar a dudas: “Nosotros comprobamos que se habían comprado en AliExpress. Lo comprobé yo”.
De hecho, en el anterior reel de JaviZone conocemos en exclusiva que el fabricante de las pulseras es Oysta Technology. Se trata de compañía británica que cuenta con centros de operaciones en Loughborough (Reino Unido), Timisoara (Rumanía) y Kuala Lumpur (Malasia), desde donde asegura ofrecer innovación y soporte técnico global para sus soluciones de acceso y control.
El aviso que nadie escuchó
El gran problema es que toda esta polémica se podría haber evitado, pero como suele ser habitual, nuestros políticos presumen de un nivel de conocimiento que realmente no poseen. Fue en enero de 2024 cuando Carmona solicitó una reunión urgente con la ministra de Igualdad. En esta estuvieron presentes la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y varios técnicos del ministerio. En ese momento se plantearon dudas sobre la capacidad del nuevo proveedor para gestionar un sistema tan delicado y sobre la fiabilidad de las nuevas pulseras.
El CGPJ ya había mostrado su desconfianza técnica en los documentos previos y se negó incluso a firmar un protocolo que avalaba la fiabilidad del servicio. Sin embargo, desde el Ministerio de Igualdad aseguraron que todo funcionaría con normalidad y que el cambio no supondría ningún riesgo para las víctimas.
Pulseras menos seguras y fallos en las alertas
Durante los últimos meses, jueces, fiscales y cuerpos de seguridad del estado han detectado diversos problemas con las pulseras. Uno de los más comunes es que los agresores logran quitarse las pulseras con facilidad, algo que antes requería herramientas específicas.
En segundo lugar, existen fallos en el sistema de alertas, sobre todo cuando se debería avisar de manera inmediata a la Policía. Esto debería suceder cuando el agresor se acerca mucho o manipula el dispositivo. Finalmente, han existido problemas a la hora de migrar los datos, provocando que algunos quebrantamientos de órdenes de alejamiento no consten en los registros oficiales. Las palabras de Carmona al respecto son claras: “Antes era casi imposible que un maltratador se quitara la pulsera. Ahora se lo pueden quitar y poner fácilmente. Incluso las hemos visto en el mercado negro”.
Una chapuza que mina la confianza del sistema
Aunque desde el Ministerio de Igualdad aseguren que los nuevos dispositivos son “más modernos” y que el sistema “funciona con absoluta normalidad”, lo cierto es que es algo que no comparte nadie más en España en estos momentos. De hecho, en agosto de 2024 había unas 5.000 pulseras activas en España. Hoy, la cifra ha caído drásticamente porque los jueces prefieren otros métodos de control para los agresores. La escasa confianza en la tecnología provoca que se opte por medidas no tecnológicas que no protegen igual de bien a las víctimas.
«Según datos del Boletín Estadístico VIO-2025-09 del Ministerio de Igualdad, a fecha de 15 de septiembre de 2025, el número de dispositivos activos es de 2.340. Esta cifra supone una reducción del 51,8% respecto a los 4.857 dispositivos registrados en agosto de 2024»
En resumen, un cambio de proveedor que no ha salido nada bien y que han terminado pagando los más vulnerables. La gran pregunta es si había necesidad de tocar nada en un sistema que funcionaba perfectamente y que ayudaba a mejorar la seguridad de la vida de las personas maltratadas.