La polémica ha estallado en España y Estados Unidos tras conocerse que el Ministerio del Interior ha decidido renovar en julio de 2025 un contrato por valor de 12,3 millones de euros con la tecnológica china Huawei. ¿Qué función tendrá? Almacenar y gestionar las conversaciones y datos sensibles de la Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y otros cuerpos de seguridad del Estado. Un hecho que ha provocado que la oposición haya pedido explicaciones porque la empresa china también trabaja con la Seguridad Social, encargándose precisamente de guardar los datos de los contribuyentes.
El contrato firmado en julio ha reactivado las alertas de seguridad en Bruselas y Washington. De hecho, se desconfía abiertamente del papel de Huawei en infraestructuras críticas por su proximidad al régimen chino. Una situación que ha provocado un terremoto político interno, con la oposición -especialmente desde el Partido Popular- acusando al Gobierno de poner en riesgo la seguridad nacional y de favorecer a una empresa vetada en gran parte de la Unión Europea y Estados Unidos.
A todo esto hay que sumarle la creciente controversia que existe por los vínculos históricos entre Huawei y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien algunos dirigentes del PP señalan como «intermediario no oficial» entre el gigante chino y determinados organismos públicos españoles. Misma situación que en Venezuela, donde el expresidente tiene un papel importante, además de negocios personales.
El corazón de la polémica: Huawei seguirá detrás de las comunicaciones del Estado
La noticia saltó a los medios a comienzos de agosto, cuando fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que, a pesar de las tensiones internacionales, se ha renovado sin cambios sustanciales el contrato ya existente desde 2020. Una nueva firma que se ha dado después de haber pasado con éxito todas las validaciones.
Este sistema es el encargado de custodiar grabaciones, mensajes, registros y archivos operativos de las principales fuerzas de seguridad del Estado. También se incluyen las bases de datos policiales, comunicaciones de mando, sistemas de emergencias o hasta el tráfico vinculado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Un detalle clave que es importante mencionar es que Huawei no figura como adjudicataria directa. Sin embargo, la implicación de la compañía china como proveedor de hardware y software es total, según fuentes técnicas del sector.
Bruselas y Washington, encienden las alarmas
La Comisión Europea lleva advirtiendo desde 2020 sobre los diferentes riesgos de confiar en proveedores chinos para redes y sistemas que juegan un papel crucial hoy en día, aludiendo a la legislación china que obliga a las empresas a colaborar con el Partido Comunista Chino y con sus servicios de inteligencia.
Fruto de estas preocupaciones, distintos países como Alemania, Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Francia han ido excluyendo progresivamente a Huawei de sus redes 5G y también de las infraestructuras gubernamentales sensibles. En España, por ejemplo, ha desaparecido de las redes móviles a favor de otras empresas como Ericsson.
Aunque, esta última decisión del Gobierno español -de seguir contando con tecnología china para proteger datos de seguridad nacional- ha provocado una oleada de reacciones diplomáticas, sobre todo desde EE.UU., que ha expresado su preocupación directa a través de canales bilaterales, según ha trascendido: «Debemos revisar la política de cooperación con España tras poner en riesgo información sensible«.
Desde Washington avisan de que España podría ver limitada su participación en operaciones relacionadas con la inteligencia compartida dentro del marco de la OTAN o, incluso, del acuerdo ‘Five Eyes’. Todo dependerá de si persiste en utilizar una tecnología que se considera «hostil« por sus socios.
La Seguridad Social está en el foco de tensión con Huawei desde 2020
La controversia no se limita al Ministerio del Interior. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adjudicó en 2020 un contrato millonario para la modernización de sus sistemas de datos, donde también se utilizó tecnología de Huawei.
Ese sistema gestiona información crítica sobre millones de ciudadanos: historiales laborales, datos bancarios de prestaciones, retenciones fiscales, información de empresas y autónomos, así como certificados electrónicos y comunicaciones digitales.
A pesar del bajo perfil mediático del contrato en aquel momento, la renovación del acuerdo en Interior ha reactivado también las críticas a esa adjudicación anterior, considerada por muchos como una grave exposición innecesaria de datos sensibles a una potencia extranjera.
El PP exige explicaciones: los vínculos con Huawei y la sombra de Zapatero
La renovación del contrato ha sido aprovechada políticamente por el Partido Popular, que ha exigido la comparecencia urgente del Ministro del Interior y ha pedido explicaciones sobre quién autorizó la continuidad de Huawei en este sistema crítico.
Los populares han señalado además la cercanía del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el entorno institucional y empresarial chino, especialmente al recordar los siguientes escenarios:
- Zapatero ha visitado China en numerosas ocasiones en calidad de expresidente de Gobierno.
- Ha participado en foros tecnológicos y económicos organizados por Huawei, incluso como ponente.
- Tiene relaciones públicas con ejecutivos del gigante chino, sin que sepa cuál es su papel exacto.
- Defiende públicamente a China en distintos temas geopolíticos relevantes, como la situación de Hong Kong o la no injerencia occidental.
«Nos preocupa profundamente que un expresidente del Gobierno pueda estar facilitando relaciones opacas entre una empresa como Huawei y las instituciones españolas«, señaló un diputado del PP en el Congreso, donde se está planteando una comisión de investigación sobre la adjudicación de contratos tecnológicos a proveedores no europeos.
¿Por qué Huawei? Precio bajo, fiabilidad técnica y opacidad estratégica
Desde fuentes gubernamentales se argumenta que Huawei ofrece soluciones competitivas y robustas. Y no solo esto, sino que en licitaciones públicas, también consideran que es difícil ignorar el criterio del precio, sobre todo cuando los presupuestos son limitados y se exige una infraestructura de alto rendimiento.
Efectivamente, Huawei ha conseguido dominar el mercado global de redes y almacenamiento gracias a su precio agresivo, capacidad tecnológica y rápida implementación. Pero todo ello viene acompañado de una fuerte sospecha de control estatal, espionaje industrial y colaboración con el régimen chino, según informes de múltiples agencias de inteligencia.
Alternativas occidentales: más caras, pero políticamente más seguras
Frente a Huawei, existen múltiples alternativas occidentales que, aunque subir el coste inicial del contrato, servirían para eliminar por completo todo riesgo geoestratégico y así, también se podrían evitar roces diplomáticos con los aliados de la OTAN y la UE.
Algunas de las más destacadas son:
- Cisco (EE.UU.): líder global en redes empresariales, certificada por gobiernos de todo el mundo.
- Juniper Networks (EE.UU.): especializada en entornos seguros para gobiernos y defensa.
- HPE y Dell Technologies (EE.UU.): líderes en servidores y almacenamiento de alta disponibilidad.
- Nokia (Finlandia) y Ericsson (Suecia): potencias europeas en infraestructura 5G y redes seguras.
- Fujitsu (Japón): muy utilizada en gobiernos europeos, con una sólida reputación en ciberseguridad.
Una elección con coste político
La decisión del Ministerio del Interior, de renovar el contrato con tecnología Huawei, coloca al Gobierno español en una posición incómoda, tanto dentro del eje atlántico como del europeo.
Esta situación ha provocado que la confianza de sus aliados en la seguridad de las redes de nuestro país pueda verse erosionada. Y todo mientras que van creciendo las sospechas sobre influencias políticas externas y vínculos poco transparentes entre el entorno del poder y empresas tecnológicas de regímenes autoritarios.
Aunque el coste económico de optar por otras opciones occidentales sería mayor, el coste reputacional y geopolítico de mantener al gigante asiático en el corazón de las comunicaciones del Estado puede ser aún más alto. Por ello, la pregunta que está sobre la mesa es: ¿está España dispuesta a pagar el precio de una tecnología más barata?