El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones en España y el retraso progresivo de la edad legal para dejar de trabajar suele dominar las noticias de los últimos días, con el Congreso tomando decisiones que determinan cuánto deben ingresar. En este año, la edad ordinaria de jubilación se sitúa ya en los 66 años y 10 meses para quienes no alcancen los 38 años y 3 meses de cotización, o en los 65 años para quienes cumplan ese exigente requisito.
Sin embargo, el marco normativo de la Seguridad Social contempla excepciones muy específicas que protegen a ciertos colectivos vulnerables. Por eso existe la vía de la jubilación a los 56 años, una opción que no conlleva ninguna penalización en la cantidad de dinero que recibirás en la pensión.
Condiciones para la jubilación anticipada
Esta modalidad excepcional de retiro no es una prejubilación convencional sujeta a recortes. Según los criterios de la propia Seguridad Social, la gran ventaja de este mecanismo es que no se aplican los temidos coeficientes reductores que habitualmente penalizan a quien decide dejar de trabajar antes de la edad legal. De hecho, el ordenamiento jurídico estipula que el periodo de tiempo que se adelanta la jubilación se computa matemáticamente como cotizado a todos los efectos, sirviendo para calcular el porcentaje aplicable a la base reguladora del beneficiario.
Es crucial destacar que todo el tiempo que el empleado anticipe su retiro bajo esta modalidad computará de forma efectiva como días trabajados. De este modo, la Seguridad Social garantiza que el cálculo final de la base reguladora mantenga intacto el poder adquisitivo del futuro pensionista, para eliminar así cualquier brecha económica por el cese temprano.
Para acceder a este derecho, la normativa exige que el trabajador esté afectado por una discapacidad igual o superior al 45 %, pero con un matiz legal imprescindible: dicha discapacidad debe derivar obligatoriamente de una lista cerrada de patologías específicas. Este baremo médico y jurídico está regulado por el Real Decreto 1851/2009. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha completado los informes técnicos para flexibilizar el acceso a esta modalidad, lo que permitirá amparar a perfiles crónicos que sufren una reducción evidente en su esperanza de vida o en su capacidad laboral.
Enfermedades incluidas
La gran novedad de esta reforma está en la ampliación del espectro médico protector. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado la incorporación de 11 nuevas patologías generadoras de discapacidad al redactado final del anexo del Real Decreto. Según los cálculos del propio departamento ministerial, esta actualización técnica de los tribunales médicos beneficiará a unas 50.000 personas trabajadoras en España.
El dictamen, elaborado por una comisión científica de especialistas médicos y representantes del tejido asociativo de la discapacidad, incluye los siguientes diagnósticos:
- Enfermedades neurodegenerativas y neurológicas: Párkinson, esclerosis sistémica, enfermedad de Huntington, distrofia miotónica tipo 1, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva.
- Lesiones estructurales y del desarrollo: Espina bífida y lesión medular.
- Patologías orgánicas sistémicas: Amiloidosis por transtiretina variante y la enfermedad renal crónica en estadio 5.
A pesar de la flexibilización de la lista de enfermedades, la Seguridad Social mantiene un control de fiscalización muy riguroso para evitar fraudes en el sistema de reparto. No basta con presentar una resolución administrativa ordinaria que acredite un 45 % de discapacidad general, ya que el origen clínico debe ser claro.
Para iniciar el expediente de jubilación a los 56 años, el solicitante debe encontrarse en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social en la fecha del hecho causante. En el plano de las cotizaciones, se exige acreditar un mínimo de 15 años cotizados a lo largo de toda la trayectoria laboral. Además, la clave de la auditoría interna está en demostrar que, dentro de ese histórico, al menos 5 años se han trabajado padeciendo ya un grado de discapacidad igual o superior al 45 % a causa de una de las dolencias reconocidas en el listado oficial.
Con el objetivo de desatascar la carga burocrática, el nuevo procedimiento administrativo simplifica la acreditación médica. A partir de ahora, bastará con aportar un informe de los servicios públicos de salud que certifique la dolencia y la fecha de inicio de la misma, acelerando los plazos de resolución en las delegaciones del INSS.
Para materializar la solicitud, el trabajador debe aportar un informe clínico sellado que reconozca la patología. Asimismo, el grado de discapacidad y su nexo causal con la enfermedad del catálogo oficial deberán estar certificados por el Imserso o el órgano autonómico competente, siendo insuficiente una resolución por incapacidad ordinaria.