Habrá que ir haciéndose a la idea de que el mundo de las criptomonedas ya no será el mismo que hemos conocido en esta última década, al menos en España. La Agencia Tributaria ha activado un plan para luchar contra la parte “oscura” del mundo cripto. Para ello, ya está llevando a cabo inspecciones masivas tanto a inversores como a proveedores de servicios. Lo sorprendente es que incluso está actuando con esta contundencia antes de la aprobación de una normativa europea.
Hasta hace relativamente poco, las criptomonedas vivían en una especie de limbo legal en España. No existía regulación clara al respecto sobre su tenencia, compra, venta o declaración a efectos fiscales o patrimoniales. Sin embargo, ese escenario ha cambiado de forma radical en los últimos meses, y 2025 podría convertirse en el año de inflexión en el que todo cambiará para siempre.
El año en el que las criptomonedas perdieron (parte) de su atractivo
Según recoge el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, el foco de la Agencia Tributaria está ahora en las criptomonedas. Conscientes de que se trata de un negocio millonario en el que pueden sacar un buen rédito para las arcas públicas, se han marcado una serie de prioridades que ya están abordando.
Por ejemplo, quieren saber quien tiene criptomonedas, dónde las tienen almacenadas, qué movimientos se han realizado o qué beneficios se ha obtenido con su compra-venta, es decir, todo lo que atraía de las criptomonedas a muchas personas. Toda esta información ya está fluyendo desde diferentes fuentes como exchanges, bancos y plataformas internacionales.
Inspecciones en marcha
Lo que hace unos meses era un aviso a navegantes sobre la obligación de declarar criptomonedas, se ha convertido en algo más. Diversos proveedores de servicios, desde exchanges a grandes bancos, están recibiendo requerimientos de hacienda para facilitar información relativa al uso de monedas virtuales.
La idea de hacienda es tener una trazabilidad completa de los activos digitales de cada persona, de la misma forma que tiene del dinero “tradicional” en cuentas, depósitos, tarjetas o acciones. Pero la cosa no termina en la reclamación de esos datos a los Exchange, también están actuando contra particulares.
Concretamente, a los usuarios particulares que han movido criptomonedas en los últimos ejercicios, se le está pidiendo entregar modelos ya existentes (como el 721, 172 y 173) con los movimientos. En caso de no hacerlo correctamente, se procederá a sancionar o inspeccionar al ciudadano.
El papel clave de la directiva DAC 8
Uno de los aspectos que lo cambiará todo es la entrada en vigor de la directiva DAC 8. Aunque está previsto que lo haga el 1 de enero de 2026, la AEAT se está adelantando a su aplicación. Esta directiva europea obliga a los proveedores de servicios relacionados con criptomonedas a identificar a todos los usuarios, registrar todas sus operaciones y compartir esa información con las autoridades fiscales.
Lo impactante de esta directiva es que incluso abarca la operativa con plataformas fuera de la Unión Europea o el uso de wallets propios. En la práctica, Hacienda sabrá perfectamente las monedas virtuales que tenemos y lo que hacemos con ellas.
Además, al prescribir a los 4 años las cuestiones fiscales en nuestro país, Hacienda tiene potestad para revisar movimientos hasta 2020. Según hemos podido saber, lo está haciendo en algunos casos con el resultado de multas y sanciones para algunos ciudadanos.
Una vez se apruebe la directiva DAC 8 tendremos multas de 200 euros por no facilitar la información o 300 euros por cada error o dato que no sea correcto. Los proveedores de servicios podrán ser dados de baja en caso de no cumplir con los requerimientos.
¿Y ahora qué pasa con las criptomonedas?
Sin duda, las criptomonedas van a registrar un antes y un después de la entrada en vigor de estas legislaciones. La filosofía original de las criptomonedas se basaba en la descentralización y la privacidad, pero todo eso se pone en entredicho con la entrada de los estados en la ecuación.
A todo el mundo le hacían gracia las criptomonedas entre 2012 y 2018, pero después vieron que eran algo sería que necesitaban controlar de alguna forma. Aunque han tardado, será 2025 el año en el que se marca un punto de inflexión sobre la tenencia de estos activos digitales. La gran pregunta es: ¿seguirán siendo atractivos para algunos perfiles?
