Si fuiste uno de los conductores multados por acceder a las zonas restringidas de la ciudad de Madrid, debes saber que el Tribunal Supremo ha fallado a tu favor. Durante los últimos años, la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha generado una enorme controversia tanto a nivel jurídico como social.
Ahora, el alto tribunal ha asestado el golpe definitivo al rechazar el recurso de casación que el Ayuntamiento de Madrid había interpuesto contra la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la cual anulaba los artículos reguladores de esta medida en la antigua ordenanza municipal.
Para el ciudadano de a pie, esta sentencia abre la posibilidad real de reclamar y recuperar el dinero de unas multas que, a ojos de la justicia, se impusieron basándose en una norma nula.
¿Sigue activa la ZBE?
El TSJM anuló la ZBE original porque detectó deficiencias severas en su tramitación, concretamente, la falta de una memoria de impacto económico rigurosa. En derecho público, cualquier restricción de derechos (como limitar el libre tránsito de vehículos) exige que la administración mida exhaustivamente cuánto va a costar esa transición a los particulares y a los pequeños empresarios. El tribunal dictaminó que el consistorio madrileño no evaluó de forma adecuada el coste social de obligar a miles de familias y autónomos a cambiar de vehículo.
Es importante aclarar que en marzo de este mismo año, el Ayuntamiento de Madrid aprobó una nueva ordenanza de movilidad, que es la que rige las cámaras y accesos en la actualidad. La decisión del Tribunal Supremo afecta única y exclusivamente a la ordenanza anterior (los artículos anulados por el TSJM). Sin embargo, esto engloba a una inmensa bolsa de expedientes sancionadores tramitados bajo aquel paraguas legal extinto.
Ante este escenario, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha tomado una postura firme y ha alzado la voz para exigir claridad. Desde la organización recuerdan el precedente de Madrid Central, señalando que si se anula la norma que da soporte legal a la infracción, debe anularse también la sanción derivada de la misma.
Quién puede recuperar su dinero
Pero a pesar de la sentencia del Supremo, el Ayuntamiento no va a devolver el dinero automáticamente a la cuenta bancaria de todos los sancionados. El fallo judicial refuerza mucho las opciones de ganar un recurso, pero la viabilidad de recuperar el dinero depende directamente de cada caso.
La situación de los afectados se divide en dos grandes grupos. Por un lado, aquellos conductores que decidieron recurrir la multa en su momento y cuyo procedimiento sancionador aún se mantiene abierto. Estos usuarios lo tienen todo a su favor para recuperar su dinero o lograr el archivo del expediente sin coste. Por otro lado, la situación se vuelve mucho más compleja para quienes decidieron acogerse al pago con descuento o abonaron la multa en su totalidad. Al pagar sin recurrir, el acto administrativo adquiere firmeza, y revertirlo exige procedimientos jurídicamente más complejos.
Desde OCU detallan las vías de actuación dependiendo de tu situación particular:
- Si acabas de recibir la notificación y estás en plazo: No pagues. Presenta un escrito de alegaciones solicitando el archivo del expediente basándote en la nulidad de los artículos sancionadores ratificada por el Tribunal Supremo.
- Si ya recurriste y la administración no te ha contestado: Puedes y debes presentar un escrito adicional insistiendo en la nulidad absoluta de la sanción a la luz de la reciente jurisprudencia.
- Si desestimaron tus alegaciones, pero sigues en plazo legal: Estás a tiempo de presentar un recurso de reposición. Si ya lo habías interpuesto, presenta una ampliación adjuntando los fundamentos del fallo del Supremo.
- Si pagaste sin recurrir (multa firme): En este caso, recuperar el dinero es difícil. La única vía administrativa viable es solicitar una revisión de oficio alegando la nulidad de pleno derecho, un procedimiento que la administración suele rechazar de entrada y que a menudo requiere acabar en la vía contencioso-administrativa.