El PSOE pide declarar Internet como derecho universal. ¿Por qué no lo hizo cuando gobernaba?

El PSOE ha querido mostrar su "apuesta decidida" por el desarrollo de la Sociedad de la Información en España pidiendo que el acceso a Internet sea declarado como un derecho universal. La duda estriba en por qué no aprovechó sus años de Gobierno, que finalizaron recientemente, para hacerlo.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (también conocido como el Día de Internet), el principal partido en la oposición, el PSOE, ha querido mostrar lo que considera su compromiso con los derechos de los internautas. Por ello ha hecho una serie de peticiones para que sean atendidas por el actual Gobierno del Partido Popular, formación que les sustituyó hace poco más de medio año después de las Elecciones Generales.

La principal petición del grupo de Alfredo Pérez Rubalcaba pasa por la inclusión del derecho universal de acceso a Internet en la carta de derechos de los usuarios de Internet. Asimismo, también ha pedido que el derecho al secreto de las telecomunicaciones y de los datos, el derecho a la reparación y la rectificación y la neutralidad de la Red sean incluidos. "Concebimos Internet como un espacio al servicio de la cohesión social, de la igualdad y del desarrollo de las sociedades modernas", explicaba el partido en información recogida por Europa Press.

Por si fuera poco, el PSOE ha reafirmado su "compromiso para garantizar la eliminación de cualquier brecha digital basada en razones económicas, culturales, de género o de cualquier otro tipo". Loable intención, no hay duda, porque hasta el año pasado se contabilizaban casi 700.000 hogares en nuestro país incapacitados para el acceso a la banda ancha. El principal motivo es la localización en pequeños núcleos de población.

No cabe duda de lo bueno de todas estas propuestas, pero no deja de sorprender que sea ahora cuando el PSOE defienda estos derechos de los ciudadanos. Hasta hace sólo unos meses tenía una posición privilegiada para acometer todo tipo de reformas que supusiesen, por ejemplo, la declaración del acceso a Internet como un derecho universal o el desarrollo de una legislación para proteger la neutralidad de la Red tal y como se ha hecho en otros países europeos como Holanda. Pero no, no lo hizo. Al contrario, impulsó, como otro ejemplo, la polémica norma antidescargas conocida como la Ley Sinde.

Los esfuerzos por acabar con la brecha digital brillaron por su ausencia en la última legislatura, a pesar de la inclusión de la banda ancha dentro del servicio universal, un plan muy criticado que, por cierto, se acabó retrasando más de un año respecto a la fecha establecida y que sigue sin dejar resultados palpables. Así pues, parece una nueva muestra de la idiosincrasia de la clase política española dentro de los grandes partidos, prometedora hasta límites insospechados en la oposición y olvidadiza en sus promesas una vez está en el Gobierno.