La UE dispuesta a acabar con los obstáculos que impiden el despliegue de fibra

El compromiso de la Unión Europea para extender las conexiones de alta velocidad entre sus ciudadanos da un paso adelante. La Comisión ha puesto en marcha el proceso de consulta pública sobre cómo reducir el coste de las nuevas redes de fibra para que se acelere la expansión de la banda ancha ultrarrápida.

En el último año hemos asistido a un proceso acelerado de expansión de las redes de fibra óptica en algunos puntos concretos de la geografía española. Movistar ha sido el operador que más ha aumentado su cobertura para ofrecer este tipo de conexiones y son más de 1,5 millones de hogares los que pueden acceder a Internet de alta velocidad. Sin embargo, el despliegue de las infraestructura sigue siendo complicado para los operadores y la Comisión Europea quiere acabar con los obstáculos que podrían impedir el objetivo marcado para 2020: que todos los usuarios naveguen al menos a 30 Mbps y la mitad de ellos puedan hacerlo a 100 Mbps.

Por este motivo ha puesto en marcha una nueva consulta pública sobre la reducción de los costes que implica el desarrollo de Internet de alta velocidad en nuestro continente. La Comisión busca que los agentes implicados acerquen sus posturas para que se acelere el despliegue de fibra. Operadores, el sector público, inversores, empresas de ingeniería civil y consumidores pueden participar en una consulta abierta hasta el 20 de julio de este año y cuyos resultados ayudarán a la CE a tomar medidas que impulsen el crecimiento del sector.

Uno de los grandes obstáculos que se plantea desde el punto de vista del Ejecutivo comunitario es el coste de las obras de ingeniería. "Hasta el 80% del coste total de invertir en la banda ancha se debe a las obras de infraestructura civil", explica la CE en su comunicado. La falta de coordinación de los proyectos de ingeniería civil, la reutilización insuficiente de las infraestructuras existentes y la falta de cooperación entre los distintos agentes económicos se plantean como principales trabas para el desarrollo de nuevas infraestructuras. "Por ejemplo, las empresas de agua, energía y ferrocarril suelen tener su propia infraestructura y abren zanjas sin coordinarse con las empresas de telecomunicaciones", concreta la Comisión.

Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea, asegura que "nada hay que moleste tanto a los ciudadanos como que se abran zanjas y nada molesta más a las empresas que la burocracia inútil". Esto nos lleva a deducir que el camino por el que se pretende encauzar el despliegue es el de la compartición de infraestructuras entre operadores y otras empresas como eléctricas o de agua, algo que en Alemania es una realidad en los últimos años. Igualmente, es de esperar la unión de operadores de telecomunicaciones para acelerar el despliegue, algo que ya ha sucedido en países como Italia.

Asimismo, se busca acabar con el engorroso papeleo para "aplicar los derechos de paso y obtener todos los permisos nacionales o locales necesarios". A esto hay que sumarle la "preparación de los edificios nuevos para la infraestructura" de la banda ancha ultrarrápida y la adaptación a las construcciones menos modernos a la infraestructura necesaria. En nuestro país aún son muchas las reticencias a la hora de instalar nuevas redes en edificios, oposición ejercida en la mayoría de los casos por las propias comunidades de vecinos.

Esperemos que más pronto que tarde la Comisión Europea llegue a un punto en común con los agentes implicados y se acelere un proceso en el que los usuarios se verán ampliamente beneficiados dadas las ventajas de las conexiones de alta velocidad a Internet.