Como ya ha ocurrido otras veces en casos que tienen como protagonistas a hackers, ahora, las leyes que persiguen a los propietarios de páginas web con enlaces a descargas, se apoyan en las peticiones de extradición para juzgar a los acusados en los países donde se les reclama el delito.
De este modo, el ministerio del Interior de Reino Unido ha autorizado ya la extradición de Richard ODwyer, de 23 años, un joven británico que ha sido acusado en EEUU de violar los derechos de autor en su página web TVShack, un sitio ya clausurado en 2010 que contenía enlaces a películas y programas de televisión.
La justicia en EEUU reclama que O Dwyer se lucró durante dos años con los ingresos obtenidos por la publicidad que contenía su página web y le acusan de infringir las leyes de propiedad intelectual estadounidenses. Pero ha tenido que ser un tribunal británico el que diera luz verde a la extradición del joven; una decisión a la que el Ministerio del Interior debía dar también su visto bueno. En el otro lado del mundo, en Nueva Zelanda, Kim Dotcom, creador de Megaupload, la mayor página web de enlaces cerrada por el FBI tras detener a sus responsables en una redada internacional sin precedentes, también espera la extradición a EEUU, acusado de diferentes delitos, que van más allá de la simple violación de copyright.
Pese a que existen convenios internacionales que regulan las extradiciones de ciudadanos acusados de delitos en otros países para que sean arrestados y juzgados frente a los tribunales que le reclaman delitos, finalmente siempre son las leyes y la justicia del país de origen las que tienen que respaldar este tipo de acción.
¿Podría EEUU pedir la extradición de españoles al acusarles de cometer delitos contra la propiedad intelectual? ¿Podría hacerlo incluso apoyándose en la ley Sinde-Wert? En términos generales, un país suele admitir la extradición de un ciudadano reclamado por delitos en otro lugar cuando la legislación del país de origen también tipifica los actos de que se le acusan como tales delitos, con una pena de más de un año de privación de libertad. Pero además, según cada país, también se añaden otros requerimientos para dar luz verde a una extradición, como que el ciudadano también haya sido juzgado y encontrado culpable de cometer este delito en el país de origen y que la pena impuesta sea superior a cuatro meses.
Así, si las autoridades estadounidenses reclamaran a un ciudadano español por operar una página web con enlaces a descargas, la justicia española, apoyándose en la recién estrenada «ley Sinde-Wert», podría admitir la extradición del ciudadano, incluso aunque no hubiera cometido delito alguno en España y no estuviera siendo acusado desde su país.
Según ha explicado Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en Internet, a 20minutos.es, «es posible, pero muy poco probable» que esto ocurra en España, ya que si EEUU solicitara la extradición de un español acusado de delitos contra la propiedad intelectual “se resolvería en la Audiencia Nacional al tratarse de una cuestión de competencias”, asegura. Es decir, sería juzgado en España donde ya los jueces se han pronunciado en sentencias que señalan que enlazar a contenidos no es un delito.
