La inversión en redes de telecomunicaciones que permitan llevar la banda ancha a todos los puntos de la geografía española es una de las grandes asignaturas pendientes de los operadores. Ante esta situación, las comunidades autónomas comienzan a despertar y a colaborar para el despliegue de nuevas infraestructuras de ADSL o fibra en sus zonas.
Un interesante artículo de CincoDías.com aborda la controversia creada debido a la falta de inversión por parte de los operadores de telecomunicaciones en redes de banda ancha en nuestro país. En pleno año 2011 continúan existiendo lugares (algunas partes de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia o Aragón) donde navegar mediante banda ancha resulta materialmente imposible y, lo que es más grave, si por los operadores fuese así continuaría siendo de forma casi indefinida dado lo costoso de la rentabilización de estas inversiones.
El operador mayoritario, Movistar ha admitido públicamente que la única forma de reducir la brecha digital pasa por las colaboración con las instituciones en forma de ayudas públicas. De este modo, el Gobierno ha intentado poner de su parte concediendo ayudas en forma de créditos blandos y subvenciones, aunque a tenor de los resultados parece que los plazos para que todas las zonas de nuestro país se conecten a Internet mediante banda ancha parece que se prolongarán más allá de medio plazo.
Con este panorama, las comunidades autónomas han decidido actuar y ponerse manos a la obra para intentar acabar con estas zonas discriminadas. De hecho, en algunos casos han querido ir más allá de las conexiones ADSL y ya se encuentran en proceso de colaboración para la extensión de redes de última generación que permitirán conexiones ultrarrápidas a la Red con los 100 megas como velocidad de referencia.
Mayor número de comunidades implicadas
El Principado de Asturias fue la comunidad pionera en este sentido. Desde el año 2005 está desplegando una red neutra de fibra óptica que alcanza casi el 10% de las viviendas en su territorio. Cataluña ha hecho lo propio en una reciente adjudicación, mientras que Galicia ha registrado una convocatoria de ayudas para extender nuevas infraestructuras que se compartirán con otras de los fondos europeos y una inversión de los operadores. Una de las últimas comunidades que ha anunciado 100 megas para sus ciudadanos ha sido Extremadura en colaboración con Telecable.
También tenemos el caso de la Comunidad Valenciana, que se ha marcado como objetivo extender una velocidad mínima de 3 Mbps en toda su zona con una ayuda de 13 millones de euros en lo que se considera otro proyecto mixto. El País Vasco ha propuesto una consulta pública (abierta hasta el 18 de febrero) en que se plantea a operadores e instituciones involucradas la mejor forma de colaboración para el despliegue de redes de nueva generación fija y cuarta generación móvil (LTE). Canarias y Castilla-La Mancha tienen planes de apoyo pero aún faltaría concretarlos.
No obstante, hay que señalar que existen directrices europeas que ponen reparos a ciertas intervenciones del sector público en el ámbito privado, lo que dificulta en ocasiones esta colaboración. La CMT también interviene en el proceso confirmando que las ayudas se ajusten al marco legal.
