Tres días para que el cierre de páginas web en España se consume

Tres días para que el cierre de páginas web en España se consume

Redacción

En 24 horas estará cerrado el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas a la Ley de Economía Sostenible promulgada por el Gobierno. Si la polémica Disposición Final Segunda no se tumba finalmente como miles de usuarios han reclamado, el cierre de páginas web en nuestro país está más cerca que nunca.

Doce prórrogas e innumerables críticas después, la Ley de Economía Sostenible encara su recta final para ser votada en el Congreso. Aunque no se descarta una nueva prórroga que prolongue más aún su tramitación, a priori podría salir adelante este mismo jueves. El texto, sobre el que desde los partidos se ha avisado de su "enorme complejidad", podría llegar con la Disposición Final Segunda, la más criticada desde la Red y sobre la que se ha pedido la retirada de forma insistente.

El motivo no es otro que el ataque hacia los derechos fundamentales en Internet en favor de lobbies industriales que no quieren reconvertirse ni adaptar su modelo de negocio a los nuevos tiempos que corren en la Red. Así lo podemos leer en el último comunicado de prensa publidado por Red SOStenible.

El texto critica con dureza que esta disposición haya sido incluida "sin escuchar las conclusiones de la Subcomisión Parlamentaria que propone una reforma en profundidad de la Ley de Propiedad Intelectual", lo que supone un "desprecio a la labor de los diputados". La anulación de la disposición ayudaría a "encarar con seriedad y beneficio general los problemas generados por las innovaciones de la era digital".

¿Dónde quedarán los derechos de los ciudadanos?

Sin embargo, en caso de salir adelante, desde Red SOStenible se recuerda que si no cae esta parte de la ley, los derechos mínimos de los ciudadanos quedarían desamparados. Por un lado se acabaría con "la esencia misma de Internet, herramienta crucial para el futuro", al mezclar conceptos como "competencia desleal" o "amenaza al desarrollo intelectual en el país" con la libertad de enlazar, citar y compartir que se dan en la Red.

No es sino una legislación en favor de un sector económico potente pero que no ha sabido acoplarse a la Red, anclado en principios que se han visto superados por el desarrollo de Internet. Desde la web que defiende los intereses de los usuarios se reclama al Gobierno que no "reproduzca una burbuja de los contenidos de entretenimiento" como pasó con "el ladrillo". La Comisión que se propone para dictaminar el cierre de sitios web respondería ante estos intereses económicos y es inconcebible una ley que afecte a intereses particulares en contra de intereses generales.

Prueba de ello es la posición del juez, que no podrá entrar en el fondo del asunto y ofrecer las garantías legales a los ciudadanos. Toda la jurisprudencia sentada hasta ahora absolviendo a las páginas web que contenían, por ejemplo, enlaces a archivos en redes P2P, podría volar por los aires quedando el ciudadano sin garantía legal ante posibles demandas.

El jueves asistiremos a una votación que necesitará una mayoría absoluta en el Congreso, por lo que el PSOE echará mano de partidos como PNV y Coalición Canaria. Estos pueden contribuir para que el cierre de páginas en España esté más cerca, en concreto, en 2011, que sería en el momento en que empezaría a funcionar la ley.