El acoso a los usuarios a través de llamadas a sus móviles o a su propia casa continúa en forma de publicidad que en la mayoría de los casos los usuarios no solicitan. De poco ha servido la Ley 29/2009 que modificaba el régimen de protección de los consumidores y usuarios apenas un año después de su implantación. Recordamos que el propio Gobierno hizo SPAM electoral a pesar de estar prohibido.
Por desgracia, muy pocos pueden afirmar que no se han sentido molestados por llamadas telefónicas en las que se ofertaban productos, conexiones o cambiar de compañía telefónica en los últimos meses sin previa solicitud. En realidad es una práctica prohibida por la ley, pero tras un año de haber sido legislada, esta práctica sigue siendo habitual, desquiciando a usuarios.
El llamado «spam telefónico» contradice la ley pero las empresas se saltan la legislación con impunidad, recurriendo a prácticas que lo convierten en ser difícil de denunciar. Esto suede en el caso de la no identificación de las llamadas. Las empresas ocultan sus números haciendo que los usuarios no puedan hacer un seguimiento y demandar a la empresa desde la que se ha producido la llamada, saltándose la normativa. Por suerte, existen webs como ListaSpam.
En ocasiones sí muestran el número, pero por lo general, «detrás de estos teléfonos identificables no contesta nadie», comenta un portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quien ha asegurado que la ley no funciona y sólo «hay cada vez más gente que llama para informarse sobre sus derechos y así actuar en aras de frenar estas llamadas». «Las administraciones tendrían que establecer protocolos de control pero hay miles de empresas y es muy difícil que la gente las denuncie», sentencia.
Con estos mimbres, la situación parece abocada a no cambiar prácticamente, lo que no deja de ser frustrante. Aunque los usuarios pueden pedir a la empresa explícitamente que no desean recibir más contactos de este tipo, las llamadas se pueden seguir produciendo. En este caso, el usuario debe de acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para denunciarlo, una solución que no siempre es conocida. A falta de medidas más prácticas por parte de la Administración, otros optan por una solución tajante: no contestar el teléfono.