Luz verde de la Comisión Europea a las ayudas públicas a la fibra óptica en las ciudades
Las instituciones públicas podrán colaborar con los operadores en forma de ayudas públicas de cara a acelerar el despliegue de redes de banda ancha ultrarrápidas en las ciudades. Así lo ha decidido la Comisión Europea, que busca alcanzar así los objetivos marcados en la Agenda Digital para 2020.
En dicho año el Ejecutivo comunitario espera que todos los internautas de la UE naveguen a 30 Mbps y la mitad de ellos tengan acceso a 100 Mbps. Hace solo unos días saltaban las alarmas en Bruselas al constatar que a falta de siete años para 2020 el acceso a las conexiones de alta velocidad es de apenas el 2%, un porcentaje muy alejado del 50% marcado en sus planes.
Con el fin de acelerar el desarrollo de la banda ancha de alta velocidad, la Comisión Europea ha aprobado la concesión de ayudas públicas de cara a facilitar el despliegue de las nuevas redes. Si bien hasta ahora las subvenciones estaban autorizadas en zonas rurales y aisladas donde los operadores no desplegaban sus redes por ser poco rentables, a partir de ahora las ayudas también llegarán a las zonas urbanas.
El vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, considera que se debe generar «un justo equilibrio entre inversiones privadas y públicas y crear condiciones propicias para la competencia». «Las nuevas reglas permitirán intervenciones públicas bien pensadas destinadas a compensar los fallos de mercado, y garantizarán la libertad de acceso a las infraestructuras que se beneficien de fondos públicos», explicó Almunia.
Asimismo, resaltó que solo se autorizará una infraestructura financiada con fondos públicos si constituye «una mejora importante» de las redes existentes y no una simple mejora marginal de la competitividad de los ciudadanos. De este modo, el Ejecutivo se refiere de una forma tácita a las redes de fibra óptica (o incluso con tecnología HFC como las de los cableros), cuya capacidad de transmisión de datos es muy superior a la red de cobre.
Por otro lado, desde la CE se insisite en que «cuando se construya una red con el dinero de los contribuyentes, los Estados miembros deberán garantizar que los consumidores puedan disfrutarla de forma abierta«. Esto debería traducirse en un acceso a un precio asequible a las conexiones más veloces, por lo que gracias a estas ayudas los usuarios podrían optar a conexiones de 100 megas o superiores a un precio más económico que el actual.
