Durante los últimos años, Digi, el operador de origen rumano, ha mantenido una trayectoria ascendente imparable, basada en una estrategia de precios totalmente agresiva, lo que ha hecho que el resto de compañías se vean obligadas a reajustar y reducir sus tarifas.
Sin embargo, lo que para nosotros, como usuarios y clientes, nos parece una oferta irresistible, podría realmente estar cerca de una estrategia ilegal, conocida como precios predatorios.
Acutelan, la asociación que agrupa a operadores locales y regionales, ha decidido dar un paso al frente al considerar que las ofertas de Digi han cruzado esa frontera, solicitando formalmente al regulador que investigue si estamos ante una práctica que pretende asfixiar al resto del mercado.
¿Qué son los precios predatorios?
En el ámbito de la competencia, el término «precio predatorio» no se refiere simplemente a ofrecer una tarifa a buen precio. Se trata de una táctica donde una empresa sitúa sus precios por debajo de sus costes de producción con el objetivo de expulsar a los competidores del mercado o impedir la entrada de otros nuevos. Una vez que la competencia desaparece, la empresa tiene el camino libre para imponer sus condiciones.
Según ha señalado el presidente de Acutelan, Juan Antonio Rodríguez, en una reciente rueda de prensa, la denuncia no nace de un miedo obvio a la competencia, sino de una preocupación por la viabilidad del sector. La asociación sostiene que determinadas ofertas de Digi están situadas en niveles que resultan «económicamente no replicables» para un operador que sea igualmente eficiente, dado que consideran que no hay optimización de procesos que permita vender a esos precios sin perder dinero.
Para que una oferta sea legítima, debe cubrir, al menos, sus costes variables y evitables. Si una operadora vende fibra por debajo de lo que le cuesta el mantenimiento de la red, los equipos de instalación, la logística y la captación del cliente, está incurriendo en un déficit que solo puede sostenerse mediante una capacidad financiera externa enorme. Acutelan argumenta que esta «capacidad de soportar déficits prolongados» es lo que está destrozando el mercado español.
Petición a la CNMC
La denuncia presentada ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es una llamada de auxilio. La asociación ha recabado información durante meses y pide al regulador que actúe para garantizar que el mercado siga siendo justo.
Para entender la magnitud del problema, basta con observar las tarifas que han encendido las alarmas. Actualmente, la compañía ofrece su conocida Fibra Smart con velocidades de 500 Mbps por apenas 10 euros al mes, una cifra que, según los demandantes, dinamita cualquier margen de beneficio razonable para sus competidores.
Uno de los puntos más calientes de la investigación solicitada por Acutelan gira en torno a la Fibra Smart de Digi. La asociación exige que la CNMC requiera información interna detallada a Digi, incluyendo:
- Las condiciones mayoristas reales de acceso FTTH.
- La contabilidad analítica detallada de sus ofertas propias.
- Los costes efectivos de instalación, equipos y mantenimiento.
- El margen real por cada cliente captado.
El objetivo es comprobar si Digi está cubriendo sus costes en condiciones compatibles con el estándar de un operador igualmente eficiente. Además, solicitan medidas provisionales proporcionadas, ya que consideran que existe un riesgo de «daño competitivo irreversible». Si se permite que la situación continúe mientras se tramita un expediente que puede durar años, muchos operadores locales, que son los que vertebran digitalmente las zonas rurales de España, podrían desaparecer antes de que llegue la resolución.
Por tanto, la CNMC debe equilibrar el beneficio inmediato del consumidor con la salud del mercado a largo plazo. Si la competencia se reduce a dos o tres compañías debido a la desaparición de los operadores regionales, el consumidor terminará perdiendo opciones y, eventualmente, calidad de servicio.
Por su parte, Digi siempre ha defendido que su modelo de negocio se apoya en una máxima eficiencia operativa y en evitar gastos innecesarios, negando cualquier venta a pérdidas. Si la CNMC termina respaldando esta denuncia, los usuarios podríamos enfrentarnos pronto al fin definitivo de las tarifas low cost.