La Comisión Europea busca aterrizar las primeras medidas que llegarán de forma oficial después de haber aprobado la nueva Ley de Vivienda Asequible. Una vez aprobado el texto, que se presenta mañana, los ayuntamientos podrán obviar a la Justicia a la hora de tomar ciertas decisiones en zonas que se consideren tensionadas por los pisos turísticos.
Europa se enfrenta a uno de los grandes cambios de su historia en materia de vivienda. Después de que la Comisión Europea aprobara la nueva Ley de Vivienda Asequible a finales del 2026, Bruselas ya tiene en mente la hoja de ruta que deberá recorrer para aterrizar las primeras medidas y, de paso, destensionar ciertas zonas que, especialmente en las grandes capitales, parece que se hayan reservado en exclusiva al alojamiento turístico.
Según adelanta Expansión, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, va a presentar mañana miércoles el texto que dará más poder a los ayuntamientos de los Estados miembros. Una vez hecho, los consistorios no tendrán que acudir a la Justicia, y enfrentarse a todos los problemas derivados, una vez detecten una zona tensionada, sino que tendrán un mayor poder para intervenir el mercado en cuanto se considere que la zona está tensionada por el alquiler turístico de corta duración.
Una solución al problema de la compra o el alquiler
La batería de medidas busca luchar contra los apartamentos turísticos que son promovidos por empresas especializadas en ello, como es el caso de Airbnb o de Booking. Ante el problema de la vivienda que no solo está afectando a España, sino también al resto de los países de la Unión Europea, Bruselas ha decidido que cada país tenga una mayor capacidad para tomar el control de las zonas que así lo requieran sin tener que asumir los costes burocráticos que hasta ahora obligaba la Justicia.
En el momento actual, cuando un municipio intenta limitar los precios del alquiler o quiere reducir la presencia de pisos de Airbnb se enfrenta a numerosos litigios en los tribunales que hacen que este proceso no solo no se pueda aprobar por la vía rápida, sino que se alargue el tiempo suficiente como para que los propios ayuntamientos prefieran mantenerse al margen con el objetivo de evitar el desgaste de este tipo de procesos. Sin embargo, esto estaría a punto de cambiar una vez se apruebe el nuevo marco legal.
Los municipios minimizan los riesgos legales
Una de las particularidades que tiene la nueva ley que probablemente se aprobará durante los próximos días es que aterriza directamente en un reglamento europeo, con el objetivo de reducir el tiempo de espera entre que se aprueba la misma y tiene efectos a nivel social. Esto quiere decir que cuando se apruebe, los Estados miembros podrán comenzar a aplicarla sin tener que esperar a adaptarla a las legislaciones nacionales, como sí que ocurre con la inmensa mayoría de normativas que aterrizan desde Bruselas.
Siempre que se cumplan las condiciones previstas para que una zona se considere de estrés, los países podrán actuar de inmediato. Sin embargo, el texto dejará claro que desde Bruselas no se va a determinar de forma directa qué ciudades de cada país tienen su mercado de la vivienda con una zona de estrés, sino que dependerá de cada país seguir la evolución de cada ciudad para establecer dicha etiqueta.