Analizar la Ley de Arrendamientos Urbanos es importante tanto para el inquilino como para el propietario de la vivienda, puesto que es la única forma de conocer las obligaciones y derechos que tenemos sobre la propiedad.
Cuando firmamos un contrato de alquiler, no solo tenemos una serie de derechos que se deben respetar a lo largo de toda la duración del acuerdo. Además, también estamos asumiendo una serie de obligaciones con las que debemos cumplir para no tener conflictos con nuestro arrendador. De no hacerlo, nos exponemos a que el propietario del inmueble decida finalizar el contrato antes de tiempo.
Para evitar este tipo de situaciones, es imprescindible consultar la Ley de Arrendamientos Urbanos, donde podemos encontrar toda la información al respecto. Uno de los apartados clave es el artículo 27.2, donde se detallan todas las conductas que pueden provocar que el propietario rescinda el contrato de forma unilateral amparado por la ley.
La ley ampara la rescisión del contrato antes de tiempo en estos casos
El artículo 27 explica que cuando una de las dos partes incumple con las obligaciones que aparecen en el contrato, se tiene derecho a exigir su cumplimiento o, en caso contrario, a finalizar el acuerdo que une a ambas en cualquier momento, incluso cuando todavía quedan años de validez por delante.
En el caso del arrendador, los motivos que pueden provocar esta situación son los siguientes:
- El impago de la renta del alquiler o de cualquier otro gasto cuyo pago corresponda al arrendatario. Esto también incluye el impago de la fianza.
- El subarrendamiento de la vivienda sin el consentimiento del propietario. Es decir, el alquiler de habitaciones, o del inmueble completo, sin recibir el visto bueno previo de nuestro arrendador.
- Cualquier daño causado a la finca o la ejecución de obras no consentidas.
- Cuando en la vivienda se produzcan actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilegales.
Es necesario acudir a la vía judicial
El objetivo es el de asegurar que el inquilino de la vivienda va a cuidar de la misma y, además, no va a causar molestias o problemas de convivencia entre el resto de vecinos de una misma comunidad.
Es importante tener en cuenta que para que se pueda ejecutar la cancelación del contrato antes de tiempo, todo lo que hemos mencionado previamente debe quedar debidamente registrado y debe de ser probado ante el juez. Y es que, pese a que se puede finalizar el contrato antes de que este llegue a su fin, también es importante considerar que se deben cumplir los plazos pertinentes. Es decir, no es un proceso automático.
Una vez hayamos acudido a la vía judicial y el juez compruebe que los datos son correctos, podrá ejecutar la orden de desalojo.
El inquilino tiene el derecho a defenderse
Acudir a la vía judicial no es sinónimo de que el desalojo se vaya a producir. Durante el proceso judicial, el inquilino tiene el derecho a defenderse y, en caso de que no se aporten las pruebas suficientes como para demostrar alguna de las actitudes mencionadas previamente, el contrato de alquiler continuará durante el tiempo acordado.
Como se puede comprobar, tanto el arrendador como el arrendatario asumen una serie de obligaciones y de derechos cuando plasman su firma en un contrato de alquiler. Respetar todo lo que allí aparece es fundamental para evitar problemas cuya consecuencia última sea la rescisión del mismo antes de tiempo. No obstante, antes de llegar a la vía judicial, te recomendamos intentar llegar a un acuerdo amistoso previamente para agilizar el proceso.
Eso sí, es importante diferenciar lo que ampara este artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el concepto de fianza. Esta normativa regula las causas por las que un contrato puede ser anulado, incluyendo el uso indebido de la vivienda y los daños causados a la finca. Sin embargo, la fianza atiende a una revisión que hace el propietario al concluir el alquiler con el único fin de descubrir desperfectos y quedarse con una parte del dinero para su reparación.