El entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje, como los conocidos Claude, Gemini o ChatGPT, y la ejecución de la inteligencia artificial avanzada exigen una infraestructura física colosal que muy pocos países logran financiar. Hasta la fecha, Europa dependía de forma casi absoluta de Estados Unidos y China, y para revertirlo, el Gobierno de España ha movido ficha.
Lo ha hecho anunciando un movimiento financiero de gran calado, sobre todo a nivel estratégico, movilizando una gran cantidad de recursos públicos para construir una infraestructura clave y sin precedentes en el territorio nacional.
¿Qué es una gigafactoría?
La escala de este proyecto industrial difiere por completo de los centros de datos convencionales que operan actualmente en nuestro país. Según ha hecho oficial una directiva del Consejo de Ministros hace unos minutos, el Ejecutivo ha autorizado una inversión de 719 millones de euros destinados al desarrollo de una gigafactoría avanzada de inteligencia artificial. La operación, canalizada a través de la recién creada Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), permitirá al Estado entrar de forma directa en el accionariado del consorcio público-privado que aspira a liderar la próxima convocatoria de la Comisión Europea bajo la iniciativa InvestAI.
Una gigafactoría de IA no está diseñada para almacenar páginas web o dar servicios genéricos en la nube. Se trata de macroinfraestructuras optimizadas con el propósito de albergar y refrigerar cientos de miles de GPU (Unidades de Procesamiento Gráfico) trabajando en paralelo. Estos centros de supercomputación son los únicos aceleradores capaces de procesar los miles de millones de parámetros que requieren los modelos de visión artificial y de IA predictiva. La candidatura española se ha estructurado bajo un modelo multisede, cuyas instalaciones principales se localizarán en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid).
Fin de la dependencia
El despliegue de esta infraestructura es de vital importancia y pretende dotar a las empresas y centros de investigación españoles de un entorno de computación independiente, protegido por las estrictas normativas de seguridad y privacidad de la Unión Europea.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado el impacto macroeconómico y la tracción científica que aportará este centro de datos avanzado:
- Aceleración para pymes y startups: El acceso a cómputo avanzado, que hoy en el mercado libre resulta prohibitivo y escaso, permitirá al ecosistema empresarial español probar, entrenar y desplegar modelos de IA a precios competitivos.
- Soberanía de datos para la Administración: El desarrollo de servicios públicos avanzados y seguros se gestionará dentro de las fronteras nacionales, minimizando los riesgos de filtrado de datos a terceras potencias.
- Creación de empleo altamente cualificado: El mantenimiento de instalaciones de esta envergadura exige la atracción de perfiles de ingeniería de datos, peritos en ciberseguridad y técnicos en redes de fibra óptica de baja latencia.
España quiere liderar
Esta inyección económica de la SETT no arranca desde cero, sino que se acopla a una estrategia de soberanía tecnológica que España lleva años madurando de manera orgánica. El país ya cuenta con un posicionamiento de vanguardia en la red europea EuroHPC gracias a infraestructuras de referencia mundial como las AI Factories del Barcelona Supercomputing Center (BSC), que aloja el supercomputador MareNostrum 5, y el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).
No obstante, los 719 millones del proyecto español se antojan insuficientes si la idea a medio y largo plazo es competir en el mercado de la IA. Google (creadora de Gemini) o Anthropic (Claude) operan con presupuestos de capital que superan holgadamente los 10.000 millones de dólares anuales, destinados exclusivamente a la adquisición de chips de Nvidia y al suministro energético de sus centros. Las cifras, como vemos, están a años luz,