El Gobierno sorprende tomando una decisión inédita in extremis y retrasa Verifactu para el 1 de enero de 2027. Una decisión que ha sido bien recibida por el colectivo profesional. Pese a que muchas empresas ya habían hecho grandes inversiones para adaptar su operativa a la nueva normativa.
El 1 de enero de 2026, las empresas de nuestro país se enfrentaban a un cambio inédito: la llegada de Verifactu. Un nuevo sistema de facturación que permitía a la Agencia Tributaria tener un mayor control sobre las facturas que emitían empresas y autónomos y, de este modo, luchar contra el fraude fiscal.
La medida no había sido bien recibida por el colectivo profesional, dado el coste que obligaba a asumir y al trastorno que provocaba para que las empresas fueran capaces de integrar el sistema en tan poco tiempo sin perjudicar a la propia actividad de la misma. Y hoy, 2 de diciembre, Pedro Sánchez ha dado la sorpresa anunciando que la entrada en vigor de este sistema se retrasaría un año, hasta el 1 de enero de 2027 (1 de julio del mismo año para los autónomos).
La noticia llama todavía más la atención si tenemos en cuenta que el pasado 27 de noviembre, la Agencia Tributaria celebró el Foro de Asociaciones y Profesionales Tributarios, donde representantes de la AEAT se reúnen con los asesores fiscales de toda España para hablar de la actualidad fiscal y posibles cambios. Y en dicha reunión no se hizo alusión alguna a un posible retraso en esta medida.
Verifactu entrará en vigor en 2027
Pedro Sánchez ha concedido una entrevista esta mañana a TVE en la que anunciaba el paquete de medidas acordadas con Junts, entre las que se incluía «facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas, ampliando el plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación«.
El diario ABC se ha puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda poco después para saber cómo iba a afectar esta decisión, desde donde han confirmado que, efectivamente, esto suponía el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema.
La noticia llega cuando apenas faltan 28 días para su entrada en vigor y miembros de la Agencia Tributaria y de los colectivos profesionales han tenido decenas de reuniones para entender el funcionamiento del sistema. De hecho, fuentes del diario mencionado indican que para Hacienda también ha sido una sorpresa mayúscula esta decisión.
Pendiente de la aprobación en el Real Decreto – Ley
De momento, la medida todavía no ha sido aprobada y se espera que lo haga durante la mañana de hoy en el Consejo de Ministros a través de un Real Decreto Ley.
No debería haber ningún problema para reunir la aceptación necesaria, al ser un acuerdo que se ha firmado con Junts y del que depende gran parte de la estabilidad política de nuestro país.
Un alivio para las empresas
La decisión va a ser muy bien recibida por parte de los diferentes colectivos a los que les afectaba. Especialmente si tenemos en cuenta que la obligatoriedad de contar con este sistema comenzaba dentro de unas pocas semanas y la mayoría de las empresas estaban ultimando los detalles para comenzar a trabajar con este nuevo sistema.
Sin embargo, también tiene una lectura negativa. Y es que probablemente muchas de estas empresas ya habían soportado el coste económico de incluir este nuevo software en su sistema de facturación. Un coste económico que, si bien es cierto que tendrían que asumirlo durante los próximos 12 meses, seguro que hubieran preferido evitarlo si hubieran sabido este cambio sorpresa por parte del Gobierno.
Multas de hasta 50.000 €
El objetivo de Verifactu es imposibilitar una contabilidad en «B» a las empresas, ya que una vez se emitía una factura, esta no se podía modificar. Además, el programa estaba conectado con la Agencia Tributaria para que pudieran tener el control en tiempo real sobre los movimientos de autónomos y de empresas.
Recordamos que las empresas y autónomos que no tuvieran este nuevo sistema se enfrentaban a sanciones de hasta 50.000 €.
Ahora, las empresas estarán obligadas a asumir este cambio a partir del 1 de enero de 2027 y los autónomos a partir del 1 de julio de ese mismo año.