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La Policía Nacional ha detenido en Melilla a 73 personas como presuntas responsables de un fraude a la Seguridad Social que supera los 3,5 millones de euros. Todas residen en la ciudad autónoma de Melilla y su modus operandi pasaba por declarar bajas laborales falsas mientras figuraban como trabajadores autónomos o asalariados.
En resumen
- La Policía Nacional ha detenido a 73 personas en Melilla por un fraude a la Seguridad Social superior a 3,5 millones de euros.
- Los investigados se daban de alta como autónomos con bases de cotización de hasta 4.000 euros y simulaban accidentes de tráfico para cobrar bajas.
- La mayoría de los detenidos también figuraba como asalariado en el Régimen General, cobrando dos prestaciones a la vez antes de buscar una pensión vitalicia por invalidez.
El mecanismo que describe la Policía tiene una forma de actuar muy concreta. Los investigadores apuntan a que estos se daban de alta en actividades poco cualificadas, pero elegían bases de cotización de hasta 4.000 euros. Al causar baja, la prestación se calculaba sobre esa base. La idea era lograr una pensión vitalicia por invalidez permanente.
Cómo funcionaba el fraude, según la Policía
Los presuntos defraudadores se inscribían en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en oficios como albañilería, peluquería o mozo de almacén. La estafa empezaba cuando se asignaban bases de cotización “muy elevadas y desproporcionadas” para los ingresos habituales de esas profesiones.
Después de pocos días de estar de alta, declaraban haber sufrido un accidente que les impedía trabajar y causaban baja en ese mismo momento. La Policía explica que a veces alegaban caídas fortuitas o enfermedades, aunque lo más habitual era un falso accidente de tráfico.
Para darle veracidad al engaño, en los partes del accidente figuraban otros presuntos integrantes de la trama. Curiosamente, los falsos testigos han aparecido en otros accidentes como víctimas.
Dos prestaciones a la vez: también figuraban como asalariados
No contentos con este engaño, la investigación comprobó además que la mayoría de los implicados estaba de alta al mismo tiempo en el Régimen General como trabajadores por cuenta ajena. De esta forma, al darse de baja como autónomos, seguían cobrando una segunda prestación mensual que se sumaba a la de autónomo.
Esos contratos los firmaba un grupo reducido de empresarios y eran de pocos días antes de la baja. Por eso, las empresas también han pasado a ser investigadas por un posible fraude contra la Seguridad Social.
El objetivo final: una pensión vitalicia
Al año de estar de baja y después de superar las pertinentes revisiones médicas, los investigados visitaban al tribunal médico. Este es el encargado de decidir si volvían a trabajar o si se les reconocía una invalidez permanente. Esto último les habría otorgado una pensión vitalicia.
Al analizar todos los casos, los agentes detectaron varios puntos en común:
- Domicilio: todos vivían en un mismo distrito de Melilla.
- Relación: la inmensa mayoría tenía lazos familiares o de parentesco.
- Centro de salud: acudían al mismo para prolongar las bajas y un médico atendía a la mayor parte de ellos. Ese facultativo también está encausado en la investigación.
- Lesiones: muchos presentaban daños en la misma parte del cuerpo.
- Pruebas: en las revisiones se aportó la misma resonancia magnética en más de una ocasión.
Durante la operación y los días posteriores a la misma se detuvo a 73 personas y se tomó declaración a otra persona investigada que no ha sido detenida. También registraron la oficina del principal acusado, donde se intervino abundante documentación física y electrónica que será analizada con posterioridad.