Choque total contra Hacienda: este bufete internacional lidera una ofensiva sin precedentes
El bufete internacional Amsterdam & Partners ha anunciado el inicio de acciones legales contra la Agencia Tributaria española ante instancias nacionales y europeas. Uno de los ejes centrales de la denuncia es el actual sistema de incentivos para los inspectores, pero hay más.
Robert Amsterdam es el socio director de Amsterdam & Partners, un prestigioso buffet de abogados de talla internacional con presencia Londres y en Washington. La firma no es ajena a litigios de alto perfil. Por ejemplo, en 2014 representó a un colectivo de accionistas en el caso In re Apple Inc. Device Performance Litigation, que concluyó con un acuerdo extrajudicial favorable a sus clientes por valor de 310 millones de dólares (según consta en el régimen del Tribunal del Distrito Norte de California, Dkt. 16-0793) saliendo victorioso de la misma.
Ahora, ha puesto el foco en España. Concretamente, en la Agencia Tributaria, con quien ha decidido liderar una ofensiva jurídica ante Estados Unidos, España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según afirman desde elEconomista en un artículo publicado durante la mañana de hoy.
El origen de la causa fueron los diferentes clientes extranjeros residentes en España que recibieron inspecciones por acogerse a la Ley Beckham y acudieron a su despacho en busca de defensa. Ahora, desde Ámsterdam & Partners han encontrado indicios suficientes para llevar a Hacienda a los tribunales por diferentes causas.
Una ofensiva contra Hacienda
Los argumentos sobre los que se basa el despacho de Robert Amsterdam son diversos. Pero de entre todos ellos, uno de los puntos que destaca es el sistema de incentivos que los inspectores de Hacienda tienen contemplados para practicar regularizaciones y que, además, si el contribuyente termina teniendo razón, no los devuelven.
Relativo a las inspecciones, señala que la estructura de las mismas es “fraudulenta”, puesto que se hace lo posible para evitar prescripciones con pequeñas modificaciones que no deberían estar contempladas inicialmente. Es decir, se penalizan periodos de tiempo que deberían estar al margen de posibles investigaciones. Incluso expone que los ciudadanos pierden la presunción de inocencia, puesto que se da valor de facto a los informes de los inspectores, con independencia de la justificación que tenga el contribuyente.
Otra de las bases sobre las que sostiene su ofensiva es en el mal uso de los datos privados que el ente tributario realizar de cada contribuyente. Un ejemplo de ello es la publicación de la lista negra de morosos, pero también pone el foco en cómo el fisco intercambia información con administraciones y entidades.
| Argumento Principal | Descripción de la presunta irregularidad | Base Jurídica Potencial |
|---|---|---|
| Incentivos a inspectores | El personal inspector recibe bonificaciones por liquidaciones que no se devuelven si el contribuyente gana en los tribunales. | Conflicto de interés, vulneración del derecho a una administración imparcial (Art. 41 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE). |
| Extensión de prescripciones | Se realizan modificaciones menores en los expedientes para ampliar artificialmente los plazos de investigación fiscal. | Vulneración del principio de seguridad jurídica. |
| Pérdida de presunción de inocencia | Se otorga mayor valor probatorio a los informes de la inspección que a las pruebas aportadas por el contribuyente. | Vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a una tutela judicial efectiva (Art. 47 CDFUE). |
| Uso de datos privados | Publicación de listas de morosos e intercambio de información sensible entre administraciones sin las debidas garantías. | Vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y del derecho a la privacidad. |
Un “Gran hermano fiscal”
En una entrevista publicada durante el día de hoy por el medio especializado Confilegal, Robert Amsterdam considera que Hacienda actúa como un “Gran Hermano fiscal”, con una clara falta de transparencia en sus actuaciones, antes de declarar que “no es solo un problema español, es un escándalo europeo”, motivo por el cual ha decidido acudir a las instancias internacionales.
Entre sus múltiples declaraciones, afirma que la metodología sobre la que trabajan los inspectores terminan “asfixiando a las empresas hasta hacerlas desaparecer”. Una situación que, según él, no se vive en ninguna otra parte del mundo.
Por último, concluye que las primeras denuncias llegarán ante la justicia europea durante los próximos dos meses. Mientras tanto, afirma que va a estar unos días por España reuniéndose con posibles clientes con los que extender su batalla hacia el erario español.
