El Gobierno mueve ficha en la defensa de los derechos de los consumidores, aunque lo hace de una forma poco contundente. La nueva Ley de Consumo prohíbe las llamadas telefónicas de spam, pero en un horario en el que habitualmente no se dan.
En concreto, las compañías no podrán insistir a los usuarios para que compren sus servicios con llamadas entre las 21.00 horas de la noche y las 9.00 horas de la mañana. Igualmente, tampoco podrán hacerlo durante los fines de semana y días festivos. Esta medida en concreto fue propuesta por CiU y tanto PP como PSOE se han adherido a ella.
Los mismos partidos también han acordado que en los contratos telefónicos indeterminados o que se prolonguen de manera automática se obligue a las compañías a «informar al consumidor si existen compromisos de permanencia o las vinculaciones de uso exclusivo de los servicios de un determinado prestador». A su vez, también tendrán que dar a conocer si existen penalizaciones en caso de baja y la cuantía de las mismas.
En el texto, que será aprobado la próxima semana en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, también se han incorporado dos enmiendas del grupo Izquierda Plural. Con ellas se busca facilitar la accesibilidad a los contratos a las personas con discapacidad, ya que se exigirá que la letra de éstos sea más grande si así lo solicitan estas personas.
La oposición asegura que la Ley es fruto del abuso de la mayoría absoluta del PP
Pese a haber apoyado algunas de las medidas propuestas en la nueva Ley, la oposición se ha mostrado muy crítica con el Gobierno. Según su punto de vista, se ha producido «un abuso de la mayoría absoluta del PP, desprecio al Parlamento e incumplimiento de las normas reglamentarias y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional». A juicio de los distintos partidos, el Grupo Popular ha intentado introducir en esta normativa «enmiendas que nada tienen que ver con la materia de la Ley».
Indefensión de los usuarios frente a los operadores
En definitiva, una nueva ley que afecta de lleno a los ciudadanos y que debería servir para defender sus derechos y que apenas cambiará la situación actual. Desde hace años nos hemos hecho eco de las múltiples quejas de los consumidores en relación al sector de las telecomunicaciones, ya que los operadores de ADSL y móvil acumulan numerosas reclamaciones por parte de los usuarios. Todo apunta que su situación de indefensión continuará tras la aprobación de esta polémica Ley.