Según la sentencia, esto es así ya que ofrece espacios sobre las redes sociales, en las que sus usuarios pueden publicar si ninguna verificación previa no importa qué tipo de mensaje, "incluidos los de contenido ofensivo o injurioso y en muchos casos de origen desconocido, la empresa asume el riesgo de causar un daño".
De nuevo se abre el debate sobre hasta qué punto son los proveedores culpables de las actuaciones de los usuarios a través de sus canales o redes. Sin ir más lejos, ha sido éste el motivo de las críticas por parte de los operadores al ACTA (Acuerdo Comercial Antifalsificación), cuyo primer borrador vio la luz hace apenas unos días y en el que se incluye la posibilidad de responsabilizar a éstos por lo publicado en sus redes. Así, se daría pie a que las empresas de telecomunicación espiasen a sus usuarios para evitar que estos realicen comentarios difamatorios o descargas ilegales.
La sentencia se une así a otras más cercanas como la del Tribunal Supremo español contra la Asociación de Internautas en el caso Putasgae por albergar un dominio con insultos contra la SGAE y que ha sido recurrida ante el tribunal europeo o el caso alasbarricadas.org, en el que se condenó a la web por albergar un comentario hacia el entonces dirigente de la SGAE Ramoncín.
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